Esto, tras los resultados de la fiscalización del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Se trata de fondos financiados por el Fisco para apoyar las funciones de los parlamentarios.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.