Dos hermanas contratadas por el diputado Jorge Durán, un cercano amigo como jefe de gabinete de Aracely Leuquén y la mamá de su secretaria trabajando con el legislador Eduardo Durán. Información que dio a conocer un reportaje de Chilevisión Noticias de Marta Escalona. Nada ilegal, pero sí cuestionable que sea la cercanía y no sólo la capacidad la que permitió ser contratados.
De la asesora de Eduardo Durán, el parlamentario dijo no tener idea de si contaba con experiencia en asesorías legislativas. El jefe de gabinete de Leuquén sólo con 4° medio accede a una renta de más de $3 millones, aunque la diputada había afirmado que era cientista político. Una de las hermanas asesoras de Jorge Durán, recién titulada gana $3.300.000 y la otra casi $2 millones por trabajar part time y vía WhatsApp. Y trabajan a la vez con la polola del diputado en Sercotec.
Son $20 mil millones al año de todos los chilenos para personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas. Dinero que bien empleado debería ser muy útil.
Hay razones entonces para dudar del buen destino de estos recursos. Y crecen las dudas al ver lo que ha ocurrido con la investigación del Ministerio Público sobre las asesorías a parlamentarios. La negativa de los senadores a entregar los informes desde el 2012, cuando la Fiscalía les pidió, ha sido cerrada. Y cuando los persecutores llamaron a los asesores de un acotado universo de legisladores, sólo un 15% entregó todo los solicitado, apenas el 24% accedió alzar el secreto bancario y un 21% ni siquiera les contestó a los fiscales.
Las excusas son numerosas, pero pobres. Aquí no vale lo del “quien nada hace nada teme” que tantas veces hemos escuchado de los propios congresistas para justificar en otros diversas medidas. Varios de ellos parecen creer que no tienen que cumplir la ley que los obliga a entregar al Ministerio Público la información que requiera. Con el agravante de que lo que no muestran es algo que pagamos todos los chilenos.
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