Los puntos claves del proyecto que fortalece la defensa de la libre competencia

Sanciones penales, administrativas y posibilidad de acciones legales de los perjudicados son algunas de las propuestas para castigar la colusión.

El Ejecutivo presentó un proyecto de ley que pretende mejorar la institucionalidad de la libre competencia estableciendo penas de cárcel entre 5 años y un día hasta 10 años, con el objetivo de entregar transparencia y sanciones eficaces para los casos de colusión entre empresas.

En Agenda Económica, el ex ministro titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Radoslav Depolo, explicó la iniciativa que busca mejorar dos grandes aspectos: la persecución de los carteles y el control de fusiones entre empresas.

Depolo argumentó que el sistema de sanción penal no es un instrumento imprescindible para lograr los objetivos propuestos, agregando que “tanto la Fiscalía Nacional Económica, el Ministerio Público, los jueces de garantía, y los Tribunales Orales en lo Penal, así como el mismo Tribunal de la Libre Competencia tendrán que ajustarse a los términos”.

Además, indicó que aquellas empresas que forman carteles —acuerdos informales entre empresas del mismo sector para reducir la competencia— tienen incentivos muy grandes para coludirse, por lo que la actividad para ocultar los ilícitos se redobla y descubrir finalmente los hechos ilegales es más complicado. “Es más fácil demostrar la colusión cuando el sistema no es penal”, apuntó el ex ministro del TLDC.

Por otro lado, valoró la propuesta para fusionar empresas porque a su juicio “contribuye a limpiar algo que estaba confuso”.

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