“El proyecto pretende desconocer el derecho de propiedad sobre los derechos de aguas existentes, declarándolos ‘de utilidad pública’ y reemplazándolos por una concesión de carácter temporal. Ello tiene una clara intencionalidad expropiatoria sobre estos derechos, pues no permite que el Congreso -en el ejercicio de su rol calificador de bienes de utilidad pública- evite potenciales abusos de autoridad que pudieran suscitarse en caso de expropiaciones”, sostuvieron a través de una declaración.
No obstante, especialistas llaman a no alarmarse, ya que los cambios en el código serían meramente administrativos. El académico Winston Alburquenque sostiene que “en nada cambia el esquema nuclear del sistema de aguas en Chile” y que este tipo de situaciones ya sucedió en el sector minero, sin modificar su proceso productivo.
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