“Yo, Augusto Pinochet Ugarte, general del Ejército y presidente de la República, juro por Dios todo poderoso cumplir y hacer cumplir, respetar y hacer respetar como ley fundamental la Constitución política de Chile del año 1980”.
Con esas palabras, el 11 de marzo de 1981, el dictador juro sobre la nueva Carta Magna, sometida a votación popular en un cuestionado plebiscito seis meses antes. Ese mismo día de marzo, Pinochet hizo su entrada al palacio de La Moneda.
Ese día entró en vigor la Constitución, marcando el inicio de una nueva fase en la dictadura. También partió ese día el periodo de ocho años establecido en la Constitución y proyectado por el gobierno para lograr el éxito económico que daría la estabilidad requerida a fin de permitir elecciones libres de autoridades en 1989.
El inicio del diálogo
La misma Constitución creada por Pinochet fue la que lo terminó sacando parcialmente del camino. Pero a Pinochet todavía le quedaba un año y medio en el poder, tiempo en el que se completó el primer cambio a la Constitución, dando cumplimiento a un acuerdo suscrito en el ’85.
“La Constitución decía que si Pinochet era derrotado en el plebiscito, tenía que haber al año siguiente una elección presidencial. Después de esa elección presidencial, la Constitución quedaba firme, absolutamente, y tenía unas cláusulas que virtualmente la hacían imposible de modificar”, destacó Andrés Allamand.
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En la misma línea, reflexionó: “pero la misma Constitución decía que entre el plebiscito en que fue derrotado Pinochet y el nuevo presidente que asumiera, en ese espacio de tiempo, la junta de Gobierno podía proponer reformas a la Constitución que tenían que ser aprobadas por un plebiscito“.
Pero no todos concordaban en hacer cambios. La UDI se oponía al igual que el ministro del Interior, Sergio Fernández, por lo que fue reemplazado en el gabinete por Carlos Cáceres, quien recordó que “fui a conversar con el presidente Pinochet y planteé las razones por las cuales me parecía conveniente para el país realizar estas reformas”.
El ex secretario de Estado añadió que Pinochet “me colocó dos condiciones: la primera, es que esto sea un perfeccionamiento constitucional, que no sea una ruptura de la Constitución. La segunda, que esto sea logrado por consenso”.
Según Germán Correa, quien participó en la negociación de las primeras reformas, indicó que “se abre un diálogo entonces entre la Concertación y los personeros de la dictadura. Cáceres, fundamentalmente; Ballerino, por una parte; y por otra parte, Boeninger y Aylwin que van”.
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Correa añadió que “podría decir que todo lo que era criticable, lo que era insuficientemente democrático, todo se puso en la mesa. El tema es que, obviamente, la dictadura nos concedió lo que ellos consideran oportuno conceder“.
El artículo octavo, que mantenía en la ilegalidad a los partidos de izquierda, afectaba a varios de los negociadores y se terminó derogando. Al respecto, el ex presidente Ricardo Lagos expresó que “entendieron que había que cambiarlo porque, por ejemplo, Clodomiro Almeyda, que era uno de los dirigentes más importantes de la época, no podía votar porque estaba cazado por el artículo octavo. Y así muchos dirigentes. Germán Correa no podía votar porque estaba cazado”.
Binominal y senadores designados
Pero como en toda negociación, tuvieron que ceder en algo para derogarlo. “Se modificó ¿a cambio de qué? De que ellos aumentaron los quórums para modificar las reformas a la Constitución“, indicó Lagos.
“Los quorum se elevaron y creo que había una razón muy poderosa. Una sociedad no puede estar moviéndose en las cosas fundamentales en periodos cortos de tiempo“, dijo Cáceres, quien añadió que “si yo coloco quórums bastante reducidos, una simple mayoría para la reforma Constitución evidentemente que genera un grado de inestabilidad, un grado de incerteza jurídica que, de alguna manera, va a afectar finalmente el orden de la economía”.
Si bien no lograron eliminar a los senadores designados (que continuaron hasta 2005), sí aumentaron el número de senadores. Sobre lo que ocurrió con el sistema binominal hay versiones contrapuestas.
“Dijeron ‘si no conseguimos cambiar el binominal, lo hacemos en la primera legislatura, tan pronto se elija el Congreso, ahí lo cambiamos’. Este fue un tema muy debatido entre nosotros, en la coalición de la Concertación”, reconoció Lagos.
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“Yo entendía, y todos entendíamos, que cuando Jarpa le decía a Aylwin ‘conforme’, o Aylwin le decía a Jarpa ‘conforme’, el asunto estaba cerrado. No era necesario andar firmando ningún papel, los papeles se firmaban después cuando era necesario“, apuntó Allamand.
Sin embargo, “esto no se cumplió claro”, lamentó Lagos. En tanto que Correa fue más duro al señalar que “no ignoraron su compromiso. Traicionaron la palabra que le habían dado a Aylwin y a Boeninger en esta materia“.
Al respecto, Allamand apuntó “¿y por qué no se cumplió? Entre otras cosas, porque en el caso de la UDI no estaba en este acuerdo, ellos eran partidarios de la mantención de los senadores designados y que se mantuviera el sistema binominal”.
Transición y democracia
Patricio Aylwin ganó las elecciones y asumió la presidencia el 11 de marzo del ’90. La Constitución entró en plena vigencia y ahí comenzaron las sorpresas. “En el diario oficial del día 10 de marzo está la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la que hasta el día de hoy buena parte de ella sigue rigiendo”, dijo Lagos.
Las leyes orgánicas que están previstas en la Constitución son la expresión práctica de sus principios y regulan importantes materias y la dictadura la promulgó a sólo días de entregar el poder. “Como eran leyes importantes, se colocaron a esas leyes quórums más elevados para sus reformas, pero no con el ánimo de crear enclaves autoritarios como se ha dicho también, no. El ánimo fue generar un proceso de estabilidad institucional”, detalló Cáceres.
Aylwin debió gobernar con estas reglas, sin posibilidad de remover a los comandantes en jefe, con el Consejo de Seguridad Nacional como tutela militar sobre el poder civil y con nulas posibilidades de realizar reformas a causa de los senadores designados.
El abogado constitucionalista Fernando Atria apuntó que “los senadores designados como bancada hicieron la diferencia y le dieron a la derecha la mayoría en el Senado, con lo cual, la Concertación, a pesar de que obtuvo mayoría en todas las elecciones parlamentarias, nunca tuvo mayoría en el Congreso“.
En tanto que Juan Antonio Coloma entrega otra mirada y dice que “sin esa norma yo no sé. De verdad no sé qué hubiera pasado en Chile respecto de un ordenamiento en función del poder”.
La reforma del 2005
En 2005 se realiza una importante reforma a la Constitución de 1980. Sería recién en el tercer gobierno de la Concertación, el de Ricardo Lagos, cuando se lograrían eliminar los llamados “enclaves autoritarios”: La reforma realizada en 2005 terminó con los senadores designados, la inamovilidad de los comandantes en jefe, le restó poder al Consejo de Seguridad Nacional y acabó con la tutela militar sobre el poder civil.
“Era para celebrarlo. ¿Cómo que no? Mire lo que nos costó. Pero, ¿eso quiere decir que es la Constitución que nos satisface? No. A mí no me satisfacía una Constitución en donde el ámbito público estaba escondido, que no apareciera”, sinceró Lagos.
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Sin embargo, para el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, “es una Carta Magna que, aunque reconociendo la objeción de legitimidad que se le hace en su origen, es una carta que viene recogiendo una evolución y maduración constitucional de Chile“.
Por su parte, Atria discrepó y apuntó: “el error no fue hacer esa reforma, el error fue haber presentado esa reforma como si fuera la solución del problema“.
Los cabildos de Bachelet
La campaña presidencial de 2013, que llevó por segunda vez a La Moneda a la presidenta Michelle Bachelet, estuvo cruzada por el tema constitucional y por la necesidad de cambiar las reglas de la política. En mayo del 2015, el gobierno anunció su plan para formular una nueva Constitución que contemplaba consultas y cabildos ciudadanos que debían desembocar en la nueva carta fundamental.
Sin embargo, había críticos de manera trasversal. Por su parte, el otrora mandatario Eduardo Frei dijo en octubre de 2015: “no soy partidario de las asambleas constituyentes porque son un ejemplo internacional que ha sido negativo”. Mientras que el actual presidente, Sebastián Piñera, manifestó en esa oportunidad que “van a agravar el estancamiento que afecta hoy día a la economía chilena”.
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Más de 200 mil personas participaron en los cabildos propuestos desde La Moneda. Bachelet presentó su proyecto de ley cinco días antes de abandonar el gobierno, lo que para muchos el gesto no fue más que un saludo a la bandera.
Hasta ese minuto, todo intento por cambiar o definitivamente reemplazar la Constitución de 1980 se había hecho por la vía institucional, pero esto cambió a partir del 18 octubre del 2019, cuando millones de personas protestaron en todo el país exigiendo cambios sociales y políticos.
Esto recordó que el poder constituyente originario radica en la ciudadanía. El legislativo intervino y reencausó institucionalmente estas demandas dando forma al plebiscito que se realizará el 25 de octubre próximo. Ahí se resolverá definitivamente el destino de la constitución de 1980.
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