Los derechos sociales tienen una posición muy secundaria en la Constitución de 1980, siendo protegidos principalmente desde su dimensión individual y desde una pretendida libertad para elegir, permitiendo de este modo no solamente la mercantilización de su ejercicio, sino también de importantes ámbitos de la vida individual y social.
Esto ha permitido el enriquecimiento de unos pocos, mientras ha generado al mismo tiempo la precarización de la vida de la gran mayoría de la población.
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La nueva Constitución debe garantizar la universalidad en el ejercicio de estos derechos, más allá de la capacidad de pago que pueda tener cada persona, protegiendo tanto su dimensión individual como su dimensión social, porque se trata de bienes básicos para la vida en sociedad y los que permiten las condiciones para nuestra plena incorporación en la comunidad.
Jaime Bassa es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso. Además, es director del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad.
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