La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a una mujer, autora de un delito de abuso sexual contra una menor de edad, a pagar una indemnización de $10 millones por concepto de daño moral a la víctima, tras rechazar que la acción civil se encontrara prescrita.
Según lo informado por el Poder Judicial, la Décimo Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Claudia Lazen y Carolina Vásquez, además de la fiscal judicial Carla Troncoso, determinó que la presentación de una querella penal interrumpió el plazo de prescripción para ejercer posteriormente una demanda de indemnización.
El fallo estableció que la expresión “demanda judicial”, contemplada en el artículo 2518 del Código Civil, no debe interpretarse exclusivamente como una demanda civil, sino que también comprende otras actuaciones judiciales destinadas a obtener o proteger un derecho.
En ese contexto, la resolución sostuvo: “Que la expresión “demanda judicial” que emplea el artículo 2518 del Código Civil, no debe entenderse restrictivamente referida solo a la demanda civil, en términos procesales estrictos, sino comprende cualquier gestión que demuestre que titular de la acción activa las facultades jurisdiccionales de un tribunal para obtener o proteger su derecho”.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la víctima alcanzó la mayoría de edad el 19 de marzo de 2015, fecha desde la cual comenzó a correr el plazo de prescripción. Posteriormente, en abril de 2017, presentó una querella por hechos reiterados de abuso sexual contra la demandada.
Los magistrados consideraron que dicha acción judicial interrumpió la prescripción, pues constituía una manifestación de la intención de perseguir la responsabilidad penal y obtener una condena que permitiera posteriormente reclamar una reparación económica.
La sentencia también precisó que entre el 28 de noviembre de 2019, cuando se dictó la condena penal en un procedimiento abreviado, y el 7 de enero de 2021, fecha de notificación de la demanda civil, no habían transcurrido los cuatro años establecidos en el artículo 2332 del Código Civil.
Por estos antecedentes, la Corte rechazó la excepción de prescripción presentada por la demandada y estableció la procedencia de la indemnización de $10 millones a favor de la víctima.
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