Durante este martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud presentada por integrantes de la bancada UDI, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, para otorgar urgencia a un proyecto que lleva más de siete años en trámite. Esta iniciativa busca prohibir que los estudiantes sancionados por actos de violencia, tanto dentro como fuera de los establecimientos educacionales, puedan acceder a beneficios estatales, como la gratuidad en la educación superior.
La votación terminó con cinco votos a favor y tres en contra. La solicitud fue apoyada por los parlamentarios UDI, así como por los diputados Hugo Rey (RN), Marcia Raphael (RN) y Karen Medina (Independiente DC). En contra votaron Emilia Schneider (FA), Helia Molina (PPD) y la presidenta de la comisión, Mónica Arce (Independiente DC).
“Es muy importante que la Comisión de Educación haya aprobado esta solicitud y enviado una señal contundente al Gobierno en esta materia. Desde hace varios años hemos reiterado que, si hay estudiantes que se dedican permanentemente a atentar contra sus establecimientos y profesores, causando un daño profundo a la educación pública, no tiene sentido que luego puedan postular y acceder a beneficios estatales financiados por todos los chilenos, como la gratuidad”, señalaron Bodadilla y Cornejo.
En medio de la controversia generada por el caso del profesor rociado con bencina, los parlamentarios enfatizaron que “la gran mayoría estará de acuerdo con esta medida porque puede ayudar a generar un efecto disuasivo contra los delincuentes y verdaderos violentistas que hoy están destruyendo la educación pública en nuestro país”.
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