La Corte Suprema acogió un recurso de queja presentado en representación de una empresa constructora y ordenó a Banco Security restituir fondos transferidos de forma fraudulenta.
La segunda sala del máximo tribunal, en fallo unánime, estableció que “lejos de dar por establecido el dolo o culpa grave de la denunciante y demandante, esta Corte entiende que el representante legal de la empresa actuó en la confianza que entregaba las coordenadas en un ambiente seguro, exento de riesgo de fraude bancario”.
En el documento se indica que este trámite se realizó en la página web oficial del banco y que “en esa confianza, tuvo lugar la transferencia cuestionada”.
De ese modo, “la actuación del representante legal de la empresa que dista ostensiblemente de ser calificada como dolosa o con culpa grave”, afirma el fallo.
Incluso, se señala que “muy probablemente, no puede ser calificada ni siquiera como culpa pues, como resulta bien sabido, la confianza razonable en las apariencias –particularmente en relaciones de consumo– no puede, bajo ninguna circunstancia calificarse jurídicamente de negligencia de ninguna especie”.
Con todo, el máximo tribunal judicial aseveró que el entregar las claves voluntariamente a un tercero, en este caso, “carece de toda relevancia jurídica”.
Esto, fundamentado en que “la entrega se produjo en un entorno en el que, razonablemente, el usuario podía sentirse protegido”, ya que no se trató de una llamada telefónica o de una conversación mediante sistema de comunicaciones electrónicas, sino que “del sitio web del Banco con posterioridad a la realización de los trámites de verificación de identidad del cliente”.
Adicionalmente, la Suprema tomó en cuenta que, “a pesar de que la transferencia cuestionada fue hecha a favor de un destinatario nuevo, el banco, al autorizar una transferencia por un monto de cinco millones de pesos, no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar el fraude por parte del tercero”.
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