El diputado Tomás Kast (Evópoli) presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen de responsabilidad para organizadores, convocantes y promotores de manifestaciones públicas, en caso de daños o destrozos ocurridos durante este tipo de actividades.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para incorporar sanciones por daños a bienes públicos y privados en el contexto de movilizaciones, además de exigir medidas de prevención para evitar hechos de violencia.
Según el parlamentario, el objetivo es compatibilizar el legítimo derecho a reunión con la protección de otros derechos fundamentales, como la seguridad, la propiedad y el libre tránsito.
Proyecto apunta a organizadores y convocantes
La propuesta establece que quienes organicen, convoquen o promuevan reuniones o manifestaciones en espacios públicos deberán adoptar medidas preventivas para garantizar su desarrollo pacífico y seguro.
El texto plantea que estas personas podrían ser responsables por los daños ocasionados con motivo o en el contexto de dichas actividades.
Sin embargo, la iniciativa también contempla eximentes para quienes acrediten haber actuado con la debida diligencia o colaboren con antecedentes que permitan identificar a los autores materiales de los destrozos.
“Eso tiene que cambiar”
Al respecto, Kast sostuvo que en Chile se ha normalizado que algunas manifestaciones terminen con daños a comercios, mobiliario público e infraestructura.
“En Chile hemos normalizado durante demasiado tiempo que existan manifestaciones que terminan con locales saqueados, mobiliario público destruido, estaciones dañadas y pequeños comerciantes pagando los costos de la violencia. Eso tiene que cambiar”, afirmó.
El diputado agregó que el proyecto busca establecer “reglas claras y responsabilidades concretas para quienes organizan, convocan o promueven actividades públicas que terminan generando daños a terceros”.
En esa línea, descartó que la propuesta apunte a restringir el derecho a manifestarse.
“Aquí no estamos limitando el derecho a manifestarse. Todo lo contrario. Estamos defendiendo el derecho de miles de chilenos a movilizarse pacíficamente sin que grupos violentos terminen secuestrando sus demandas”, señaló.
Penas de hasta cinco años de cárcel
Entre sus principales disposiciones, el proyecto incorpora una nueva figura penal para los daños causados a bienes públicos o privados en el contexto de manifestaciones.
La iniciativa considera penas que pueden llegar hasta cinco años de cárcel y multas que variarían según la magnitud de los perjuicios ocasionados.
Además, contempla presunciones legales respecto de quienes convoquen actividades a través de plataformas digitales, redes sociales o servicios de mensajería masiva.
Kast sostuvo que no puede seguir existiendo impunidad para quienes convocan actividades que terminan con destrucción de espacios públicos o privados.
“Lo que buscamos es fortalecer el derecho a reunión, pero compatibilizándolo con la seguridad, la propiedad, el libre tránsito y la tranquilidad de las familias”, afirmó.
“La democracia necesita manifestaciones pacíficas, no espacios donde los delincuentes aprovechen el anonimato para actuar sin consecuencias”, concluyó.
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