La Contraloría Regional de Atacama detectó irregularidades en la Municipalidad de Tierra Amarilla luego de que el municipio autorizara una salida anticipada de sus funcionarios con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El Informe Final N° 187 estableció que, mediante un decreto alcaldicio del 6 de marzo de 2026, se dispuso un “cambio de actividades” desde las 14:00 horas que, en la práctica, significó una reducción de la jornada laboral sin habilitación legal. La medida tuvo carácter general, salvo para trabajadores de urgencias de salud y servicios básicos.
Contraloría sostuvo que la normativa obliga a los funcionarios municipales a cumplir íntegramente su jornada y que no existe una disposición que permita acortarla por razones conmemorativas.
127 funcionarios no registraron su salida
La revisión del sistema de asistencia también reveló problemas con las marcaciones correspondientes a esa jornada.
De un universo de 349 funcionarios considerados en el reporte, 173 registraron su ingreso y 127 de ellos no consignaron su salida. Solo 46 marcaron tanto la entrada como la salida.
El informe consigna además que un funcionario municipal declaró durante la fiscalización que se había instruido al personal a no marcar su salida cuando se autorizaban reducciones de jornada. La Contraloría recordó que las normas internas obligan a registrar ambos movimientos y que ninguna jefatura puede eximir a los trabajadores de hacerlo.
Otro de los antecedentes consignados por el organismo fiscalizador es que la Municipalidad de Tierra Amarilla no respondió ni presentó antecedentes para desvirtuar las observaciones contenidas en el preinforme que le había sido enviado previamente.
Debido a ello, Contraloría mantuvo sus reparos y calificó como complejas tanto la reducción de jornada como las deficiencias detectadas en el registro horario.
El municipio deberá ahora acreditar el reintegro de las horas no trabajadas por quienes no puedan demostrar el cumplimiento efectivo de su jornada del 6 de marzo.
Para ello tendrá un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe, periodo en que deberá entregar a Contraloría los antecedentes que demuestren la regularización de las situaciones observadas.
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