Contraloría detecta 485 funcionarios suspendidos: Estado pagó $671 millones de remuneraciones en los 10 casos más prolongados

Un total de 485 funcionarios de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente en medio de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, período en el que, por regla general, continuaron recibiendo sus remuneraciones. La revisión fue realizada por la Contraloría General de la República y no incluye a municipalidades.

De acuerdo a lo informado por la institución en su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, se detectó que 30 de esos funcionarios acumulaban más de tres años bajo la medida: 13 superaban los cuatro años y otros 17 llevaban entre tres y cuatro años suspendidos. Solo considerando los diez casos de mayor duración, el Estado desembolsó $671 millones en remuneraciones.

El caso más prolongado correspondía a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuya suspensión alcanzaba cerca de cuatro años y siete meses. Le seguían casos del SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y del SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.

Ante estos antecedentes, Contraloría dispuso asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios que superan los tres años de suspensión. La medida busca avanzar en su resolución y determinar eventuales responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no controlaron oportunamente su avance.

Además, las instituciones que mantienen funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar, dentro de 15 días hábiles, el término de los sumarios, justificar la continuidad de la medida o detallar acciones para acelerar su conclusión. También deberán iniciar procedimientos disciplinarios destinados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras.

El organismo detectó, además, que 22 funcionarios registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, de acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos. El informe también identificó a dos funcionarios suspendidos que se encontraban en prisión preventiva y a 20 cuyos sumarios permanecían a cargo de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios.