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Luis Cordero afirma que ha existido una “falta de humanidad” con la hija de Bernarda Vera y ante las críticas de Fernando Rabat sobre la gestión del caso responde: “Él está muy desinformado, probablemente no le entregaron toda la información”

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El exministro Luis Cordero abordó en CNN Prime la agenda de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, el Caso Bernarda Vera y las controversias en torno al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a los indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre la agenda de seguridad presentada recientemente por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional y sus dichos sobre el “cambio de mano” en esta materia, el exsecretario de Estado comentó que le “parece que es un discurso más bien de campaña que otra cosa“.

Asimismo, sostuvo que la política de seguridad de la actual administración tiene un componente de continuidad respecto del gobierno anterior, lo que, a su juicio, es positivo. No obstante, manifestó su preocupación por algunas de las decisiones anunciadas.

“Mi preocupación central respecto de la agenda que se ha anunciado es que está más bien forzada por la necesidad, probablemente, del Gobierno de mostrar una cierta identidad propia en este ámbito. Pero el principal desafío que tiene este Ejecutivo es la implementación simultánea del conjunto de leyes que provienen del ciclo legislativo anterior, lo que supone una gran transformación del Estado en esta materia. Solo quiero recordar que ahí están la nueva Ley de Inteligencia y la nueva Ley Antiterrorista”, planteó.

En esa línea, afirmó que el énfasis del Gobierno está puesto en impulsar una agenda legislativa, cuando, según han planteado diversos especialistas, la prioridad debiera ser la implementación de la legislación ya aprobada. Pese a ello, destacó que el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, comprende la lógica de la gestión.

Respecto de su posición sobre el levantamiento del secreto bancario, remarcó que “no es posible combatir eficazmente el crimen organizado sin robustecer el sistema de control preventivo en el ámbito financiero, donde, entre otras cosas, está el levantamiento del secreto bancario. Pero esto es simplemente revisar la literatura y las mejores políticas públicas del mundo sobre esta materia”.

“En segridad uno no puede hacer experimentos”

Al preguntarle la conductora de CNN Prime sobre si considera necesaria la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional, afirmó: “El problema de los estados de excepción es que, en rigor, por un momento se olvida que son la excepción a la aplicación del derecho. Yo tengo la impresión de que el Gobierno no ha explicitado qué es lo que quiere sobre este punto. Pareciera más bien un mecanismo de intervención policial con colaboración de las Fuerzas Armadas, en una fórmula que yo preferiría ver bien en el detalle escrito, y que, según entendí, supone la supervisión de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas. Eso, para que pueda tener éxito como mecanismo de intervención, no solo necesita declaraciones, sino también instrumentos de gestión que sean viables en Chile. Si la razón tiene que ver con multiplicar la capacidad de presencia estatal, no sé si esta es la mejor solución”.

— ¿Ve usted en eso también un peligro o una inconveniencia en que Carabineros supervise la labor de las Fuerzas Armadas?
— El problema central es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. No hay precedentes en Chile sobre este punto y esta es una discusión que nosotros tuvimos a propósito de cómo abordábamos los temas de resguardo de infraestructura crítica. Recordará que eso implicó una reforma constitucional. De hecho, la decisión del Congreso, con apoyo transversal en ese momento, fue: no necesitamos un nuevo estado de excepción, lo que necesitamos son mecanismos de cobertura para zonas de determinadas características. Si usted lo que quiere es cobertura policial y multiplicar la capacidad de presencia policial, cuidado con andar haciendo inventos, porque pueden tener muchos riesgos.

—¿Cuáles tipos de riesgos?
—Lo primero, porque es finalmente el reconocimiento, la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero, en segundo lugar, implica transformar la etapa de preparación. La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos. Hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos, tiene un riesgo muy grande.

Lo siguiente, la forma en que las policías abordan este tipo de situaciones supone un conjunto de entrenamientos y procedimientos que tienen protocolos que las Fuerzas Armadas desconocen. Creo que es bien conveniente que la política entienda que las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas están basadas en períodos de largo aliento y superiores a una administración, y perjudicarlas con malas decisiones es muy negativo para el país.

 

 

“El sistema político constitucional lo que ha hecho es vulgarizar la Constitución”

Por otro lado, consultado sobre si percibe algún riesgo de modificar la Constitución a raíz de los diversos planteamientos que se han esbozado, entre ellos establecer como obligación que el Estado cautela la seguridad ciudadana, mientras otros sostienen que esa obligación ya existe actualmente en la Carta Magna, el abogado Cordero sostuvo que “lo que pasa es que este es el típico ejemplo donde quienes participan del debate público ven declaraciones y no ven aplicaciones. En el derecho chileno, con las reglas constitucionales que hoy día tenemos, no existe discusión entre los aplicadores del derecho de que la Constitución tiene un mandato en materia de seguridad”.

Ante ello, afirmó que la jurisprudencia ha ido reconociendo, incluyendo al propio Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que la seguridad es un derecho humano.

“La jurisprudencia de la Corte Suprema viene condenando al Fisco por procedimientos policiales ineficaces en la persecución del delito bajo un concepto que la Corte ha denominado garantía de seguridad. Entonces, en estricto rigor, simplemente para entender cómo se aplica el derecho en Chile, uno diría que esa reforma es innecesaria. Probablemente, quienes estén interesados en tener cuestiones declarativas en la Constitución la considerarán útil, pero desde el punto de vista aplicativo no agrega nada”, añadió.

En el eventual caso de que el Gobierno quiera incorporar cláusulas de seguridad en el capítulo de derechos fundamentales, desde su visión podría enfrascarse en uno de los problemas que afrontaron los dos procesos constituyentes fallidos.

“Uno es abrir uno de los pulmones del sistema constitucional, y lo segundo es llevar a la Constitución una regla producto de un defecto en la implementación de una política pública, lo cual es inconsistente”, dijo.

Cabe mencionar que esto corresponde simplemente a una hipótesis, puesto que aún el Ejecutivo no ha dado a conocer el proyecto para reformar la Constitución.

Por otro lado, dejando fuera la propuesta del Ejecutivo, cuestionó que “el sistema político constitucional lo que ha hecho es vulgarizar la Constitución. Hoy día la Constitución pareciera ser una ley más y yo creo que, en este tipo de cuestiones, uno tiene que volver a la matriz constitucional de ley fundante, tener claridad de que si uno quiere reformar la Constitución no puede ser para inmediatamente el mismo ciclo político, sino que tiene que ser para un siguiente”, y puntualizó: “Los gobiernos tienen que gestionar con las reglas constitucionales con las que accedieron al poder”.

Por tanto, sobre este punto comentó que en los últimos veinte años se ha trivializado el texto de la Constitución. “Creo que eso es más bien problemático para el sistema institucional”, aseguró.

Luis Cordero al ministro Fernado Rabat por el Caso de Bernarda Vera: “Él está muy desinformado, probablemente la gente que trabaja con él no entregó toda la información”

El Caso Bernarda Vera ha generado un debate, puesto que durante décadas fue considerada una de las víctimas de la dictadura cívico-militar en el país. Sin embargo, en mayo de 2024, la periodista de investigación Pascale Bonnefoy recopiló testimonios extrajudiciales que sugerían que Vera podría haber abandonado el país.

En ese contexto, Cordero señaló en Hoy Es Noticia el 30 de septiembre de 2025 que “se enviaron oficios a una serie de organismos, a la PDI, al Registro Civil y a la atención consular, en caso de que hubiera sido objeto de atención consular en Argentina”.

Actualmente, el informe pericial de ADN encargado por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa, confirmó el paradero de la mujer, quien actualmente tiene 80 años.

—A raíz de la ratificación, ya con exámenes de ADN, de que Bernarda Vera estaba viva y no tenía que ser parte del listado de detenidos desaparecidos, hay varias preguntas que se desprenden. La primera, ¿cómo reacciona usted frente al anuncio del ministro Fernando Rabat, quien dice que van a estudiar si tienen que no solo suspender el beneficio a la familia, principalmente a la hija, sino también pedirle que devuelva probablemente el dinero?
—Sí, yo escuché las declaraciones del ministro Rabat y he escuchado las declaraciones de muchas personas que han intervenido estos días. Lo primero es que me ha llamado la atención el desconocimiento, no solo respecto del caso, sino también de lo que sucedió en decisiones anteriores.

Respecto del caso puntual de Bernarda Vera, expresó que es “dramático en muchos sentidos, pero yo diría especialmente en el caso de su hija. Yo tengo la firme convicción, la tengo hasta el día de hoy, y no hay ningún antecedente que diga lo contrario a esta obra, que su familia desconocía esta situación“.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, describió que quienes presentaron los antecedentes fueron los padres de Vera, quienes actualmente fallecieron. En paralelo, su hija solamente tenía dos años cuando ocurrieron los hechos y durante largos años estuvo en el Plan Nacional de Búsqueda, donde se aplicaron todos los protocolos pertinentes para acompañarla en este proceso.

Sobre la posibilidad de que, tras conocer la identificación de su madre, la hija tenga que devolver el dinero recibido, aseveró: “La hija de Bernarda Vera tiene una doble tragedia. El crimen de desaparición forzada es un delito que se vive permanentemente para los familiares de las víctimas, pero en el caso de ella es un doble duelo, porque primero vivió esa etapa y la segunda es probablemente la forma en que ha procesado esto con el completo desconocimiento y, por lo tanto, la sensación de abandono por parte de su madre. Y lo que menos he visto en este caso es la empatía mínima que la sociedad chilena tiene que tener para ella”.

En cuanto a las declaraciones del titular de Justicia, Fernando Rabat, quien ha planteado que el Ministerio de Justicia se demoró cerca de 15 meses en entregar los antecedentes al ministro en visita, dijo que “él está muy desinformado, probablemente la gente que trabaja con él no entregó toda la información“, puesto que existe documentación de todas las acciones que se realizaron en ese periodo, el cual comenzó tras la investigación de la periodista Pascale Bonnefoy.

“Hay cosas que con el gobierno sueco yo no puedo decir públicamente. Lo que puedo decir es que el gobierno sueco, una vez que respondió y dijo que una persona con el nombre verdadero recibió refugio en este país y nosotros le entregamos un pasaporte, y el último dato que tenemos en Argentina a partir de ese momento, todos los antecedentes de esa investigación que estaba asociada a la construcción de trayectoria fueron entregados al ministro Álvaro Mesa, quien estuvo encargado de los acontecimientos que ocurrieron el 10 de octubre de 1973 en Liquiñe”, detalló.

Por tanto, reiteró que cuando Rabat dice que en 15 meses no se ha hecho nada, “me parece que simplemente alguien le pase una carpeta donde están todos esos oficios reservados, que dan cuenta de las comunicaciones del Estado de Chile”.

Cordero indicó que es fácil responder esos cuestionamientos porque existe evidencia material. No obstante, manifestó que “a mí me sigue sorprendiendo. Y de verdad, a estas alturas me preocupa cómo abordar los temas de derechos humanos: la falta de humanidad con la hija de Bernarda Vera, una falta de empatía total. Y cuando lo digo, también me refiero a los medios de comunicación. Esa es una tragedia que yo creo que todos debiéramos tener presente por lo que representa para la historia de Chile”.

El debate por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y los indultos generales

Por último, sobre los planteamientos que han surgido por parte de parlamentarios respecto de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sostuvo que es una “muy mala decisión”, puesto que son instituciones esenciales para la democracia.

“Tenemos que salir como del trauma de la discusión de que los derechos humanos son de izquierda, en el fondo, y para eso hay que simplemente documentarse en un par de cuestiones. Es cierto que tenemos un debate sobre el diseño del INDH desde su origen. De hecho, nosotros tenemos instituciones separadas de persuasión en materia de derechos humanos, también tenemos separada a la Defensoría de la Niñez”, complementó.

Sobre lo segundo, en vez de estar discutiendo sobre indultos generales, señaló que es urgente concentrarse en la sobrepoblación del sistema penal.

“Y el problema central es que, además, a esta administración le toca el tránsito de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Entonces, yo trataría de focalizar los esfuerzos en la gestión adecuada del sistema penitenciario. Es un gran desafío que tiene esta administración, que comparte con la anterior. Yo en este tema solo puedo tener empatía con los ministros Martín Arrau y Fernando Rabat, porque creo de verdad que es una situación crítica de todos los días y que estamos en una situación muy compleja en el país”, concluyó.

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