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Este lunes el Tribunal Constitucional decidió acoger el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la compañía Brink’s, en el marco de la investigación que abrió el Tribunal de Libre Competencia (TLDC) por presunta colusión entre las empresas de transporte de valores.

Esto, a tres meses de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acudiera hasta dicha instancia con requerimiento de indagatoria contra Brink’s, Prosegur y Loomis, principales firmas dentro de dicho mercado, por haber -presuntamente- celebrado un acuerdo de fijación de precios de sus servicios entre 2017 y 2018.

Desde la empresa acusan que no se han revelado los antecedentes en base a los cuales la FNE decidió iniciar el proceso de indagatorias, de modo que aseguran que “la cancha” estaría dispareja en “la lucha jurídica”, asegurando no contar con las mismas herramientas que el ente persecutor para su defensa.

Asimismo, Brink’s señaló -a través de un comunicado- haber quedado conforme con la inédita resolución del TC, asegurando que esperan hacer valer los derechos de su cliente en torno a la realización de “un procedimiento justo”.

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De esta forma, la acusación quedará suspendida en el TLDC, mientras el Tribunal Constitucional determina la viabilidad formal del caso.

Junto a esto, se espera que el organismo otorgue a la parte acusatoria y a las demandadas, un espacio de tiempo para presentar sus respectivos argumentos, con el fin de determinar si es que la empresa Brink’s puede o no acceder a los antecedentes de su acusación.

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