Los abogados del presidente Sebastián Piñera y del ex ministro de Salud Jaime Mañalich recurrieron a la Corte Suprema para respaldar la negativa del actual titular del Minsal, Enrique Paris, de entregar acceso a los correos electrónicos de la cartera a la fiscalía, en el marco de la investigación por las muertes a causa del coronavirus.
Los argumentos de los abogados Gabriel Zaliasnik y Samuel Donoso apuntan a que la orden “carecía de todo fundamento legal” y que incluye “necesariamente el examen de documentos reservados cuya divulgación afecta la seguridad nacional”.
Como ya lo había hecho Paris en su respuesta a la Suprema, los abogados explican que tanto Mañalich como la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y la ex jefa de gabinete del ex ministro, tuvieron que coordinar la adquisición de insumos para enfrentar la pandemia, como respiradores mecánicos.
“Las rutas comerciales, y traslados de los referidos insumos, junto a la coordinación necesaria para llevarla a cabo, es una materia reservada de evidente relevancia para la seguridad nacional“, argumentan.
Agregan que entregar acceso a todos los correos implicaría dar a conocer “información sobre mercados, proveedores, acuerdos, negociaciones, coordinación, logística”. En ese sentido, indican que “resulta clave conservar su resguardo de cara a las necesidades actuales y futuras, ante una enfermedad de características y evolución desconocida”.
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Además, el texto reitera el supuesto “sesgo” advertido en la investigación: “estos apoderados pusimos en conocimiento del Fiscal Nacional Jorge Abbott la situación, sin que éste adoptara las medidas pertinentes y necesarias que aseguraran el debido proceso en esta fase preliminar de la indagatoria”.
“No es descartable por lo mismo que la medida intrusiva no sea sino una represalia del órgano persecutor al ejercicio de derechos procesales por nuestra parte“, advierten.
Con esto, los abogados piden que la Corte rechace la solicitud realizada por el Ministerio Público de declarar la oposición del Minsal a entregar los mails como “infundada”.
De paso, piden “rechazar también la solicitud de ejecución íntegra de la orden judicial que la autorizó”.
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