Con estas sentencias, que exigen el pago total de $6.540 millones a beneficio fiscal, se pone término a las causas vinculadas al mercado de combate de incendios forestales en el país.
Este lunes, la Corte Suprema confirmó la condena impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra dos empresas de helicópteros y a dos ejecutivos por colusión en servicios de combate de incendios forestales.
El Fiscal Nacional Económico (s), Felipe Cerda, valoró la decisión: “Nos indica que seguimos por buen camino y nos alienta en la persecución de carteles. Además, da una señal inequívoca en cuanto a que no solo las empresas, sino también sus ejecutivos deben responder”.
En concreto, la Tercera Sala del máximo tribunal confirmó la condena a las empresas Inaer Helicopter S.A. (Inaer) y Pegasus South América Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa), así como sus ejecutivos Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín.
Esta pena fue por haber ejecutado un acuerdo entre 2006 y 2013 para afectar el resultado de procesos de licitación públicas y privadas en el mercado chileno de contratación de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros.
La sentencia de la Suprema ratificó lo señalado en su momento por el TDLC en orden a que dicho acuerdo único se materializó en cinco procesos de contratación: tres de ellos iniciados por la Conaf entre 2006 y 2011, respecto de los cuales acordaron un reparto geográfico de las bases de operación licitadas; y dos procesos para proveer el servicio a las forestales Mininco S.A. y Masisa S.A., realizados en 2012 y 2013, respectivamente.
Por los hechos señalados, las empresas Faasa e Inaer deberán pagar multas que en conjunto alcanzan las 7.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decit, aproximadamente $5.652 millones, de las cuales 4.400 UTA ($3.553 millones) deberá pagar Faasa y 2.600 UTA ($2.099 millones), Inaer. Además, los ejecutivos deberán pagar 60 UTA (poco más de $48 millones) cada uno por su participación en los ilícitos.
Lee también: Fuerzas Armadas registran más de 520 denuncias internas por acoso o abuso sexual en los últimos 5 años
A juicio del máximo tribunal, los hechos “tuvieron incidencia en un mercado tan sensible para el país como la extinción de incendios forestales, por la potencial afectación a la vida y la propiedad de las personas, y que representan la más grave violación a los principios que rigen la libre competencia, más aún teniendo presente que se trató de aquellas entidades con la más alta participación en el mercado”.
En un segundo pronunciamiento, la Corte acogió el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), revocando el fallo que inicialmente había decidido no condenar a las empresas de helicópteros Calquín Helicopters SpA (Calquín), Faasa y sus ejecutivos, Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín por afectar el resultado del proceso de contratación convocado por Conaf el 2014.
De esta manera, acogió el requerimiento presentado por el organismo en 2020, mediante el cual se acusó la existencia de un acuerdo entre ambas empresas, y en el que participaron sus máximos ejecutivos.
La Suprema consideró la sanción de la primera sentencia a la empresa Faasa y los ejecutivos Pacheco y Lizasoaín como suficiente. En tanto, para Calquín, que no operaba en el mercado a la fecha de ejecución de los hechos sancionados en la primera sentencia, por su participación en el segundo acuerdo, le impuso una multa de 980 UTA ($791 millones).
Con estas sentencias, que exigen el pago total de $6.540 millones a beneficio fiscal, se pone término a las causas vinculadas al mercado de combate de incendios forestales en el país, que se inició con la acusación de la FNE en 2018 contra Faasa y Ridao por haber celebrado y ejecutado un acuerdo que afectó el mercado de combate y extinción mediante aviones cisterna entre 2009 y 2015; y que luego se extendió al segmento de los helicópteros, con las dos acusaciones resueltas ahora por la Suprema.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
