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La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a un informe de la Contraloría, el que aseguraba que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), al 14 de diciembre de 2018, mantenía 315.637 licencias pendientes de analizar en la Unidad de Subsidios de la Seremi de Salud, es decir, impagas.

Según el documento, esto ocurrió por problemas de infraestructura y por falta de personal.

Daza sostuvo que estas dificultades “ya las habíamos detectado” y que por esta razón iniciaron un “proceso de modernización a lo largo del país y que se inició hace aproximadamente un año”.

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“Es un informe que corresponde al 14 de diciembre del 2018, considera las seis oficinas de la Región Metropolitana. De todas ellas, es importante destacar que el 99,8% son licencias de reembolso de funcionarios públicos. Cada uno de ellos, todos, recibieron su subsidio, lo que está pendiente que se resuelva es el pago a las instituciones”, señaló la autoridad a La Tercera.

En la misma línea, expuso que “avalan absolutamente” el informe de Contraloría, pero enfatizaron que “hoy la situación es otra cosa”.

“Los funcionarios públicos todos han recibido su subsidio y no se han visto afectados por este rechazo de esas licencias. Las platas se han pagado a los funcionarios, pero aún se les debe a las instituciones”, indicó.

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De igual forma, sobre el proceso de modernización, Daza indicó que la Subsecretaría de Salud va a intervenir todas las Compin y que el proceso en la Región Metropolitana lo llevará Paula Labra, mientras que en regiones será Andrea Ampuero.

Agregó que ambas deberán “levantar la información a nivel regional de las brechas del punto de vista de recursos humanos, de gestión, de infraestructura, y alcanzar el objetivo final que nosotros queremos que es cambiar el actual sistema de pensión y dar respuesta a los ciudadanos”.

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