Este jueves, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al informe de la Contraloría sobre el proceso de otorgamiento de pensiones de gracia durante el estallido social.
La autoridad admitió que “el Gobierno nunca debió haber entregado pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y no tenían lesiones permanentes”.
Y calificó esta situación como un error: “Si me preguntan si eso fue un error, diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales”.
Además, sostuvo que los cuestionamientos de Contraloría “tienen fundamento respecto a este punto”.
A pesar de reconocer que fue “un hecho grave”, aclaró que el gobierno cumplió “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones”, y enfatizó en que esto se hizo antes de que se estableciera el requisito de solicitar los antecedentes penales.
También abordó su asistencia a la Comisión Investigadora por Pensiones de Gracia de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde aseguró que iban a “modificar el procedimiento y exigir de aquí en adelante siempre los antecedentes penales, y eso ya se hizo”.
¿Qué reveló Contraloría?
El informe reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.
El documento, fechado al 13 de diciembre de 2023, evidencia que las personas beneficiadas tienen más 10 condenas por diversos tipos, entre ellas: delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
Bajo ese contexto, el órgano contralor otorgó un plazo de 30 días hábiles a la Subsecretaría del Interior, para entregar antecedentes sobre “el procedimiento actualizado y debidamente formalizado que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia”.
Todo ello para “evaluar tanto la aprobación de este beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”.
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