La Contraloría General de la República realizó una auditoría al proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia a personas afectadas por manifestaciones durante el estallido. El informe, dado a conocer este jueves, reveló que 58 de 419 beneficiados mantienen antecedentes y condenas por delitos como abuso sexual, homicidio, producción de material pornográfico infantil, entre otros.
El documento, fechado al 13 de diciembre de 2023, evidencia que las personas beneficiadas “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
Algunos tienen “más de 10 condenas por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
El órgano contralor consignó que de haber contado “oportunamente con la información advertida, pudo ser útil para evaluar tanto la aprobación del beneficio, como las condiciones para su otorgamiento”.
Por todo aquello es que, en un plazo de 30 días hábiles, la Subsecretaría del Interior, deberá remitir al organismo “el procedimiento actualizado y debidamente formalizado que incorpore de manera obligatoria la revisión de antecedentes penales de los postulantes a una pensión de gracia”.
Responsabilidad del INDH
El escrito además señala que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el encargado de acreditar la calidad de víctima de derechos humanos en el proceso de otorgamiento de las pensiones de gracia por el estallido.
Y afirma que no se ha constatado la existencia de otras instancias de validación para “confirmar o acreditar con diversas instancias la información remitida por el INDH, siendo esta la única fuente de antecedentes para evaluar los casos, lo cual puede influir en una errónea determinación del daño, con el consiguiente riesgo de que se otorgue una pensión por un monto y/o plazo que no corresponda”.
Frente a ello, “se constató que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el INDH a la entidad auditada para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″.
Contraloría señala que los expedientes fueron presentados por el Departamento de Acción Social (DAS) a la Comisión Especial Asesora “sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación”.
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo a información complementaria remitida por el INDH, “fue posible subsanar 9 de esos casos”.
De todas maneras, la Subsecretaría del Interior, en coordinación con el Instituto, deberá “verificar la existencia de antecedentes complementarios relativos a los 10 casos objetados, que respalden los relatos que dieron origen a la acreditación de los postulantes”.
Si ello no ocurre, deberá adoptar las medidas que correspondan, informando a la Contraloría en el plazo de 60 días hábiles.
El órgano contralor señaló que la Subsecretaría y el INDH deberán iniciar un “proceso disciplinario” para investigar y perseguir eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos. Para ello se otorgó un plazo de 15 días hábiles.
En relación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se constató que 108 de los 144 casos revisados “no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos no permiten acreditar el relato del postulante, lo que da cuenta, además, que el INDH no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.
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