Diputados de oposición presentan acusación constitucional contra Fernando Rabat por rebajas de condenas

Esta tarde, la oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a raíz de la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

El líbelo se da luego de varios cuestionamientos por el tiempo en que se demoró en presentarse, y luego de que ayer el propio Rabat entregara los antecedentes. Así las cosas, en esta jornada se dieron a conocer los tres capítulos del texto.

Los firmantes del documento son los diputados Juan Santana (PS), Raúl Leiva (PS), Jorge Brito (FA), Emilia Schneider (FA), Jaime Araya (PPD), Daniela Serrano (PC), Marcos Barraza (PC), Jorge Díaz (DC), Javier Muñoz (DC) y Luis Malla (PL). Por ello, quedan inhabilitados para integrar la comisión investigadora.

Los tres capítulos de la acusasión

En el primer capítulo apunta a las 56 rebajas concedidas entre junio y septiembre. Según dice el escrito, estas decisiones contraviene la Ley N° 21.421, promulgada en 2022, que excluye expresamente a estos condenados del beneficio.

El documento individualiza 22 decretos conocidos públicamente y afirma que ninguno fue dictado por orden de un tribunal en la causa respectiva.

Además, desde la oposición acusan al secretario de Estado de desatender el interés superior del niño, al no considerar los derechos de las víctimas ni informarles sobre las rebajas. También cuestionan que el ministro suspendiera el 23 de octubre la tramitación de las postulaciones pendientes, en lugar de resolverlas.

El segundo capítulo se refiere a las rebajas de condena concedidas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes quedaron en libertad tras las decisiones del Ministerio de Justicia.

La acusación sostiene que Rabat aplicó únicamente los requisitos de la Ley N° 19.856, sin considerar las exigencias establecidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El texto cuestiona que no se realizara una evaluación individual sobre la colaboración de los condenados con la justicia, el reconocimiento de los hechos y su contribución a la reparación de las víctimas.

El tercer capítulo apunta a la información que Rabat entregó ante el Congreso durante sus intervenciones en la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 28 de octubre. Según la acusación, el ministro habría entregado antecedentes inexactos e incompletos para justificar las decisiones de su cartera.

Durante dicha sesión, el titular de Justicia sostuvo que el Ministerio simplemente formalizaba las decisiones de las comisiones de reducción de condenas y que la Corte Suprema lo obligaba a conceder los beneficios.

Sin embargo, desde la oposición cuestionan esas explicaciones y acusa al ministro de infringir el principio de probidad, entre otros motivos, por exhibir un decreto de la administración anterior que, según sus impulsores, no era comparable con los casos cuestionados.