Nueve convencionales constituyentes le solicitaron a la mesa directiva de la Convención Constitucional, presidida por Elisa Loncón, no realizar las sesiones programadas para la semana del 22 al 26 de noviembre en la Universidad de Concepción, debido a que la casa de estudios es querellante en causas relacionadas a detenidos por el estallido social.
El documento, firmado por Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloría Alvarado y Vanessa Hope, piden “expresamente que ninguna de las sesiones de plenario ni de comisiones se realice en la Universidad de Concepción”.
“Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos político del estallido social en la ciudad de Concepción, quienes estuvieron durante varios meses en prisión preventiva y actualmente se encuentran con arresto domiciliario a la espera del juicio”, agregó.
Los convencionales acusando que la entidad “tiene rol de querellante en la causa y se ha opuesto sistemáticamente a medidas cautelares distintas a aquellas privativas de libertad. Los jóvenes afectados en esta causa son 12, aun cuando la universidad solo presentó acusación contra seis de ellos”.
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Además, manifestaron que “esta acción por parte de la Universidad de Concepción es contraria a la declaración de esta Convención Constitucional, suscrita el 9 de julio de 2021, donde exigimos la liberación de presas y presos políticos del estallido social”.
Los integrantes del órgano redactor también señalan que realizar dichas actividades en las dependencias de la casa de estudios “no solo pone en riesgo la legitimidad del proceso, sino también significa una amenaza para el funcionamiento efectivo del plenario”.
De este modo, los firmantes proponen llevar a cabo las sesiones de la Convención “en dependencias del Teatro Municipal de Concepción o alguna otra dependencia que cumpla con los requisitos necesarios”.
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