Este viernes, el abogado Marcelo Brunet (RN) solicitó la ampliación de la querella interpuesta contra quienes resulten responsables del presunto delito de malversación de caudales públicos tras la impresión de cerca de 700 mil textos del proyecto constitucional que será sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre.
La querella inicial fue declarada admisible el 16 de agosto e involucra al Ministerio Secretaría General de la Presidencia. En esta oportunidad, Brunet solicitó la declaración de la ex presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, debido a la impresión de 240 copias en lenguas originarias, los que fueron, según la denuncia, “contratados cuando la Convención ya no existía“.
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“El núcleo del injusto, tanto en esta ampliación como en la querella inicial, es haber destinado fondos públicos sin estar autorizado legalmente para ello y no la impresión en sí misma. Destaco el esfuerzo del Gobierno por dar a conocer el texto, pero en materia de fondos públicos debe observarse el principio de legalidad del gasto”, señala el documento.
Desde la parte del abogado, señalaron que Quinteros solicitó la impresión de ejemplares en junio de 2022, lo que fue “rechazado por la Dirección de Administración, Finanzas y Transparencia de la Convención, señalando que ‘no cuentan con tiempo para realizar los actos administrativos asociados a compras de servicios de impresión, distribución y logística nacional’”.
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“Aun así, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia solicitó la impresión de los ejemplares a nombre de la Convención, aunque esta explícitamente lo había rechazado, realizándolo además una vez que el órgano redactor ya no se encontraba en funcionamiento”, agregan.
Brunet sostuvo que “estos hechos no solo confirman los ilícitos por los que nos querellamos, sino que amplían los elementos de ilicitud denunciados oportunamente”.
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