El presidente del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, se refirió a los preparativos que la institución está realizando para el plebiscito por una nueva Constitución.
Santamaría aseguró a El Mercurio, que tomando en cuenta los temas logísticos y de organización, “estaremos perfectamente en condiciones de definir si queremos o no una nueva Constitución y el órgano que debiera redactarla de ganar la opción ‘Apruebo'”.
Pese a lo anterior, el presidente del Servel reconoció que le preocupa que la Dirección de Presupuestos (Dipres) apruebe el presupuesto que necesitan.
“Hemos entregado un presupuesto al Ministerio de Hacienda de alrededor de $30 mil millones para el plebiscito del 26 de abril próximo”, detalló.
Sobre los vacíos legales que podrían haber respecto del financiamiento irregular de la campaña plebiscitaria, Santamaría indicó que, según entiende, “el gobierno y el congreso preparan una ley corta que aclare, complemente y corrija algunos aspectos de la reforma constitucional recién promulgada. Es el camino correcto en la búsqueda de soluciones”.
Además, señaló debido a que en el proceso plebiscitario no hay candidaturas de personas naturales a quienes fiscalizar, no es suficiente con hacer una remisión a las normas de la ley 19.884, sino que se necesita “plantear un sistema nuevo para un proceso también totalmente nuevo”.
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“Hacer una simple remisión de la ley 19.884 sería algo inaplicable en la práctica. Si vamos a fiscalizar el gasto, hay que hacerlo bien“, reiteró.
El presidente del Servel, indicó que dado que la Ley 18.603, que regula los partidos políticos, se hizo aplicable a este proceso constituyente, la institución está en condiciones de fiscalizar a los partidos en relación a lo que sus militantes o terceros aporten en la campaña del plebiscito y de su rendición en los respectivos balances. Sin embargo, “el financiamiento y gasto de actividades de personas naturales, instituciones o movimientos ciudadanos no quedó regulado”, aclaró.
En cuando a la propaganda, señaló que se aplicará lo dispuesto en la ley 18.700 que regula los lugares públicos y privados en que puede realizarse, los plazos para hacerla, las infracciones, responsables y sanciones.
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