La Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la construcción y ampliación de recintos penitenciarios. Con ello, quedó listo para convertirse en ley de la República.
La normativa “agiliza la ejecución de obras y permite que los proyectos definidos por decreto del Presidente de la República se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos“.
Con esto, se busca hacer frente al déficit de cárceles, disminuir el hacinamiento en los penales, “mejorar las condiciones de reinserción y reforzar la seguridad pública”.
En el Senado se hicieron algunas modificaciones a la iniciativa. Entre ellas, se encuentra la incorporación de una norma que establece que “si el Ministerio de Desarrollo Social no emite el informe sobre un proyecto penitenciario dentro de 30 días hábiles, este se entenderá aprobado positivamente”.
En el ámbito ambiental, se mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto a obras de ampliación o reparación.
En esa línea, también “se redujeron a la mitad los plazos aplicables a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios”.
Asimismo, obliga al Ministerio de Justicia a informar trimestralmente a las comisiones de Constituciones de la Cámara Baja y del Senado sobre el “avance y ejecución de las obras penitenciarias realizadas bajo este régimen especial”.
El texto indica que los procesos de participación ciudadana solo podrán llevarse a cabo con personas o agrupaciones que tengan un interés directo e inmediato en el proyecto, en concreto, serán residentes de la comuna o de comunas colindantes.
Adicionalmente, se dispone que “todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos sectoriales deberán resolverse en plazos reducidos a la mitad. Y que, si la autoridad no se pronuncia dentro del tiempo establecido, la solicitud de los proyectos penitenciarios se considerará aprobada”.
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