Los senadores Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (IND), Iván Flores (DC), Pedro Araya (PPD) y Arturo Squella (Rep) presentaron este miércoles la nueva reforma constitucional de seguridad en reemplazo de la propuesta inicial impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. Desde el Ejecutivo, manifestaron su disposición a retirar la propuesta original para discutir esta nueva versión en el Congreso.
El proyecto ingresado contempla tres ejes principales, de acuerdo con las palabras del senador Longton: “asimilar el terrorismo al crimen organizado en el artículo 9 de la Constitución”, “reforzar y potenciar el estado de emergencia vigente” y “que el Presidente pueda decretar este estado de emergencia por un período de 30 días, transcurrido el cual deberá contar con la aprobación del Congreso para su eventual extensión”.
Crimen organizado asimilado al terrorismo
El primer punto presentado contempla una modificación al artículo 9 de la Constitución, que establece que “el terrorismo es, por esencia, contrario a los derechos humanos”.
Esto se llevará a cabo de acuerdo a la creación de una ley “que determinará precisamente cuáles son los delitos que serán considerados como tales”.
Al respecto, sobre medidas penitenciarias, se busca que las autoridades policiales puedan segregar y segmentar a personas privadas de libertad que estén relacionadas con delitos de crimen organizado y/o terrorismo; de este modo, poder tener un control dentro de las cárceles sobre reos de alta peligrosidad.
“Posteriormente habrá una bajada legal de estas disposiciones, pero consideramos necesario que exista previamente un resguardo constitucional“, sostuvo Longton.
Fortalecer el Estado de Emergencia
Los senadores enfatizaron que no se creará un nuevo estado de excepción, sino que se buscará fortalecer el actual vigente, que de acuerdo a su juicio “ha tenido éxito, particularmente en la Macrozona Sur“.
Lo establecido actualmente sobre los estados de excepción habilita que, ante los problemas de seguridad y orden público, considerado el crimen organizado y el narcotráfico, el Presidente de la República pueda dictar el establecimiento del estado de emergencia.
“Esto incorpora un elemento adicional: no será necesario que el problema ya se esté produciendo, sino que bastará con que exista un riesgo cierto de que ocurra, particularmente sobre la base de antecedentes provenientes de informes de inteligencia, investigaciones del Ministerio Público u otras fuentes relevantes”, continuó Longton.
Atribuciones al presidente durante el estado de excepción
La nueva propuesta de reforma de seguridad también incorpora que el Presidente tenga la autoridad de decretar el estado de emergencia por 30 días; su extensión deberá ser autorizada por el Congreso Nacional.
Asimismo, mientras dure el estado de excepción, el Congreso puede dejarla sin efecto dentro de los 30 días establecidos.
Asimismo, “se mantiene, sin modificaciones, la causal actualmente contemplada de grave alteración del orden público o de la seguridad de la Nación. Eso no lo estamos tocando”, concluyó el senador.
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