El Senado cuenta con un presupuesto de 18 millones de pesos mensuales para contratar servicios de asesorías, las que no están sujetas a presentar un informe de respaldo.
Se trata de un ítem destinado para uso de la directiva del Senado y que considera un límite de gasto máximo mensual de 10 millones de pesos para la presidencia y 8 millones para la vicepresidencia.
Se trata de fondos financiados por el Fisco para apoyar las funciones de ambos parlamentarios. Este tipo de asesores trabajan de forma paralela a los contratados como personal de apoyo y a los asesores externos que actualmente están siendo cuestionados por plagiar informes.
De acuerdo a la normativa estas personas deben firmar un contrato y sus servicios son remunerados con boletas de honorarios o facturas. Sin embargo, la normativa no exige que estos deban presentar informes como respaldos por sus servicios y tampoco están sujetos a auditorías por parte del Comité de Auditoría Parlamentaria.
Entre las personas que han ocupado este tipo de cargos figuran políticos como el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien entre 2012 y 2013 fue asesor del entonces senador Camilo Escalona cuando este presidió el Senado.
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