Secreto bancario en la mira: Qué significa levantarlo y por qué el Gobierno evalúa cambios tras un reciente operativo contra el Tren de Aragua

La Operación Tokyo, investigación que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que habría movilizado cerca de US$80 millones en Chile, le devolvió fuerza a un debate que lleva años instalado en la agenda política nacional: la idea de legislar el levantamiento del secreto bancario.

Tras las antes mencionada intervención policial, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Gobierno trabaja en una iniciativa legislativa sobre la materia, aunque descartó que el levantamiento del secreto bancario pueda realizarse por una vía meramente administrativa.

“En esta materia hemos sido enfáticos en que la investigación o apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”, señaló el secretario de Estado tras participar en la Comisión de Hacienda del Senado.

Pero, ¿qué significa en la práctica levantar el secreto bancario y por qué este punto es clave en investigaciones de crimen organizado, lavado de activos o delitos económicos?

¿Qué es el secreto bancario?

El secreto bancario es una regla que protege la información financiera de las personas y empresas frente a terceros.

En términos simples, impide que datos como movimientos, saldos, cuentas, depósitos u operaciones bancarias puedan ser revisados libremente por cualquier autoridad o institución.

Su objetivo es resguardar la privacidad financiera de los clientes y evitar accesos arbitrarios a información sensible.

Sin embargo, esa protección no es absoluta. En ciertos casos, especialmente en investigaciones penales o procesos judiciales, la información bancaria puede ser requerida bajo condiciones específicas.

Qué significa levantar el secreto bancario

Levantar el secreto bancario significa autorizar el acceso a información financiera que normalmente está protegida.

En la práctica, puede permitir revisar cuentas, movimientos de dinero, transferencias, depósitos u otras operaciones necesarias para una investigación.

Este tipo de antecedentes puede ser clave cuando se indagan delitos como lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, corrupción, financiamiento irregular o delitos tributarios.

Por ejemplo, en una causa de lavado de activos, acceder a información bancaria puede ayudar a reconstruir la ruta del dinero, identificar cuentas receptoras, detectar operaciones sospechosas y establecer vínculos entre distintas personas o sociedades.

Por qué el Gobierno quiere legislar cambios

El anuncio de Hacienda se produjo luego de la Operación Tokyo, caso en que el Ministerio Público indaga una red que habría usado el sistema financiero formal para ingresar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Según los antecedentes de la investigación, un ejecutivo bancario habría aprovechado su posición para abrir cuentas en distintas instituciones e introducir fondos asociados a extorsiones cometidas entre 2022 y 2025.

En ese contexto, el Gobierno busca abrir una discusión legislativa sobre cómo fortalecer las herramientas para perseguir economías ilícitas y redes de lavado de activos.

Quiroz vinculó el debate con el combate a la economía ilegal y la competencia desleal que este tipo de actividades genera frente a quienes operan dentro del sistema formal.

El punto sensible: quién puede autorizar el acceso

El principal debate no está solo en si se puede acceder a información bancaria, sino en quién puede autorizar ese acceso y bajo qué condiciones.

El ministro Quiroz fue explícito en que la propuesta del Ejecutivo mantendrá el rol del Poder Judicial como garantía.

Esto significa que, según el planteamiento del Gobierno, no bastaría una decisión administrativa de una autoridad para abrir cuentas o revisar antecedentes bancarios.

La autorización tendría que pasar por un tribunal, lo que busca equilibrar la necesidad de investigar delitos complejos con la protección de derechos fundamentales, como la privacidad y el debido proceso.

Qué podría implicar un cambio legal

Una reforma al secreto bancario podría buscar procedimientos más ágiles para acceder a información financiera en investigaciones determinadas, especialmente cuando existan antecedentes de crimen organizado, lavado de activos o delitos económicos.

También podría establecer plazos, requisitos, autoridades habilitadas para solicitar la medida y controles judiciales para evitar abusos.

En ese sentido, el desafío legislativo será definir una fórmula que permita seguir el rastro del dinero ilícito sin transformar el acceso a cuentas bancarias en una herramienta general o indiscriminada.

Por eso, el debate suele enfrentar dos objetivos: mejorar la capacidad del Estado para investigar delitos complejos y, al mismo tiempo, mantener resguardos frente a eventuales vulneraciones de la privacidad financiera.

En investigaciones de crimen organizado, el dinero suele ser tan importante como los autores materiales de los delitos.

Seguir movimientos bancarios puede permitir detectar cómo una organización recibe, oculta, mueve o transforma recursos provenientes de actividades ilícitas.

Por eso, fiscales y autoridades han insistido en que herramientas de acceso financiero pueden ser decisivas para perseguir estructuras criminales más sofisticadas.

El caso de la Operación Tokyo reforzó ese punto, al mostrar cómo una red investigada por lavado de activos habría utilizado cuentas bancarias y mecanismos del sistema financiero formal para mover recursos de origen ilícito.

Qué viene ahora

Por ahora, el Gobierno aún no ha presentado el detalle de su propuesta.

Quiroz afirmó que el trabajo comenzó recientemente y que la iniciativa deberá ser conversada con otros ministerios antes de ser ingresada formalmente al Congreso.