Rebaja de condenas por delitos sexuales: Rabat explica que “es un problema de aplicación de la ley” tras modificación de 2022

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó la decisión del Gobierno de firmar 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según reveló el medio Interferencia, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos para rebajar las penas de individuos condenados por delitos sexuales contra menores. De ese total, 27 cumplen condena por abuso sexual y 29 por violación.

Los decretos fueron firmados entre marzo y septiembre de este año y las peticiones fueron evaluadas por la Comisión de Reducción de Condenas, verificadas por la Seremi y estudiadas por la División de Reinserción Social; tras ello, fueron aprobadas directamente por el Ministerio “por orden del presidente de la República”.

La situación ha generado críticas transversales y se ha apuntado a la existencia de un cambio de criterio. Esto, ya que exautoridades determinaron rechazar solicitudes de rebaja de condenas por delitos de connotación sexual y dejarlas en manos de los tribunales de justicia.

Bajo ese contexto, Rabat dijo que la determinación ocurrió conforme a la ley. De todos modos, valoró que un grupo de parlamentarios vaya a presentar proyectos para modificar esta situación.

En un punto de prensa, la autoridad recordó que en febrero de 2022 “se efectuó una reforma legal que excluye a todos aquellos que se encuentren condenados por delitos sexuales de obtener este tipo de beneficios y, por lo tanto, desde esa fecha, no se concede ninguno de esos beneficios” y que “existe un principio de orden constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado; se le llama principio in dubio pro reo“.

Y agregó que desde esa perspectiva, “hay una jurisprudencia bastante generalizada que ha acogido recursos de amparo respecto a aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”.

Con todo, aseveró que “por eso es que nos parecen también muy relevantes los proyectos de ley que parlamentarios han presentado este último día, puesto que, evidentemente, van a servir para evitar este vacío que arrastra la modificación del año 2022″.

Rabat insistió en que “acá hay un problema legal de irretroactividad a la ley penal que se dictó en el año 2022, y por eso celebro que los parlamentarios hayan presentado proyectos de ley para superar este problema, que evidentemente no podemos sino estar de acuerdo con esos parlamentarios de cerrar un espacio que quedó en la legislación de 2022″.

Consultado sobre si hay una señal política equívoca al dejar la situación en manos del Ministerio y no en los tribunales de justicia, el secretario de Estado respondió que “eso debiera ser una reforma legal, y por lo tanto, bienvenidos los proyectos de ley que están presentando los parlamentarios”.

“Existe una norma constitucional, en el artículo 19, número 3; por eso es un problema de aplicación de la ley, eso es, la aplicación de la Constitución y de la ley que fue aquello respecto a lo cual un ministerio debe actuar, asentado además en una jurisprudencia mayoritaria sobre la materia”, remarcó.

“Hay una norma constitucional, hay una jurisprudencia asentada y, por lo tanto, se actuó en consecuencia”, concluyó.