Para las 9:00 horas de este martes estaba programada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) del caso Audio-Factop.
Se trata de una jornada con varias audiencias que se realizarán de manera consecutiva, en la que se revisarán distintas solicitudes en torno al caso que surgió en noviembre 2023 con la filtración del audio de más de 20 minutos donde se habló de pago de coimas a funcionarios del SII y de la CMF.
El Ministerio Público está solicitando una pena de 17 años para el abogado Luis Hermosilla, 14 años para Ariel Sauer y 20 años para Daniel Sauer.
Audiencia de preparación de juicio oral del denominado caso Audio-Factop, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia/Agencia Uno
En el caso de Luis Flores, se pidieron 12 años de prisión, aunque está la posibilidad de realizar un procedimiento abreviado. Se trata del imputado de menor participación, quien fuera gerente de STF Capital, una de las empresas propiedad de los hermanos Sauer.
También aparece Antonio Jalaff, sobre quien se solicita una pena de 10 años y 1 día; y María Leonarda Villalobos, sobre quien piden 18 años de cárcel.
El periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, explicó que el caso aborda tres aristas.
Audiencia de preparación de juicio oral del denominado caso Audio-Factop, ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia/Agencia Uno
El primero de ellos está relacionado con el caso Factop, sobre las fiscalizaciones que realizaban organismos como el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a las empresas propiedad de los hermanos Sauer por un “bicicleteo” de facturas ideológicamente falsas para simular un mayor patrimonio y así obtener más clientes.
La segunda arista se relaciona directamente con dicha situación. Se trata del famoso audio en que se habló de una “caja negra” de pago de coimas.
La tercera arista es la que tiene que ver con Parque Capital, un proyecto inmobiliario del Grupo Patio que, de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, habría tenido una tramitación muy rápida debido a intervenciones ante el Servicio Metropolitano de Vivienda y Urbanismo.
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