El exministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Campos respondió a las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet sobre el cierre del penal de Punta Peuco, ubicado en Tiltil, asegurando que dicha acción “habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley”.
¿Qué pasó?
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emite un especial seriado de entrevistas que abordan, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, el análisis de las últimas décadas de la historia del país.
En ese contexto, una de las invitadas; la expresidenta Bachelet conversó con Matilde Burgos sobre diferentes problemáticas que debió enfrentar durante su trayectoria, entre ellas el cierre de la cárcel que tiene recluidas a personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que la exmandataria prometió cerrar.
En la instancia, reveló: “Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”.
Sus declaraciones causaron revuelo político en la última jornada.
Campos: “Efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la presidenta”
Este sábado, Jaime Campos, quien era ministro de Justicia de ese momento, respondió por medio de una carta al director publicada en El Mercurio, las declaraciones de la otrora mandataria: “No pretendo polemizar con nadie, pero tiene toda la razón la expresidenta Bachelet cuando, en entrevista televisiva, reproducida por su diario, manifiesta que, en relación con un decreto referente al penal de Punta Peuco del día 11 de marzo de 2018, sin precisar su contenido, ‘di la orden, no se pudo, no me hicieron caso’, reiterando que ‘quien tenía que hacerlo no me hizo caso’“.
Al respecto, el exministro fue enfático: “Como vuestro diario agrega que quien se negó a firmar tal decreto fue el suscrito, ministro de Justicia a la época, me permito señalarle que efectiva y afortunadamente ‘no le hice caso’ a la presidenta, puesto que, como indiqué en su momento, habida consideración de la oportunidad y contenido del documento que me exhibieron, además de ser jurídicamente ineficaz, su firma habría implicado una transgresión a la Constitución y la ley, exponiendo a los suscriptores (presidenta de la República y ministro de Justicia) a las responsabilidades políticas y penales pertinentes”.
En ese sentido, Campos argumentó su decisión diciendo que “en nuestro ordenamiento jurídico los ministros de Estado no son meros amanuenses o ‘fiel de fechos’ del presidente, como algunos desgraciadamente creen y practican, sino que su obligación es implementar las políticas que promueve el jefe de Estado dentro de la Constitución y la ley que juraron respetar al momento de asumir el cargo”.
“De este modo, por incómodo que hubiese sido ese episodio, creo que cumplí con mi deber, evité perniciosas consecuencias y, por ende, tengo mi conciencia muy tranquila”, sentenció.
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