El diputado Roberto Arroyo (PSC) propuso este jueves reformar el régimen penal adolescente en Chile, a raíz del alarmante aumento de delitos violentos cometidos por menores de edad.
Arroyo, quien se ha mostrado preocupado por el creciente nivel de agresividad entre los jóvenes, considera que el actual sistema permite que los adolescentes involucrados en crímenes graves reciban penas menores debido a las leyes que rigen la responsabilidad penal juvenil.
“En las últimas semanas, hemos sido testigos de cómo menores de 18 años delinquen con una violencia sin precedentes, y esto ocurre porque actúan bajo la protección de la ley penal adolescente, que en muchos casos resulta en penas más leves para delitos graves”, afirmó el legislador.
El contexto detrás de esta reforma se basa en cifras preocupantes: durante 2024, la detención de menores por delitos creció un 21%, alcanzando niveles récord en los últimos siete años. Un ejemplo reciente que ha encendido el debate sobre la eficacia del sistema es el asesinato del empresario francés Dimitri Weiler en Chicureo, perpetrado por adolescentes.
En este caso, tres de los involucrados eran menores de edad y fueron enviados a internación provisoria tras ser formalizados.
Desde el Ministerio Público, se ha destacado que el aumento de delitos juveniles está relacionado con factores como el mayor uso de drogas, el acceso a armas y la deserción escolar.
Propuesta: Menores de 15 a 17 años con antecedentes serán tratados como adultos
El proyecto de ley de Arroyo propone reformar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para que los menores entre 15 y 17 años que cometan delitos graves, y que tengan antecedentes penales, sean juzgados como adultos.
“Es crucial que la legislación se ajuste a la gravedad de estos crímenes, enviando un mensaje claro de que no habrá impunidad para aquellos que cometen estos actos violentos, independientemente de su edad”, subrayó el diputado.
Finalmente, Arroyo hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a tomar en serio la reforma propuesta, destacando que “este proyecto no solo busca sancionar, sino también prevenir. Debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger a nuestras comunidades y frenar esta creciente ola de violencia”.
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