El Senado aprobó por unanimidad esta semana el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que establece la imposibilidad de que deudores de pensión alimenticia se adjudiquen programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
La iniciativa busca modificar la ley y 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y deberá ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados antes de convertirse en ley.
El texto “incentiva el cumplimiento de la obligación de pensión de alimentos, en forma previa a la admisibilidad y adjudicación de una beca, evitando además que la deuda se pague con recursos públicos, aplicándose el principio de responsabilidad pública y de gestión de los recursos fiscales”.
La presidenta de la Comisión Mixta, senadora Carmen Gloria Aravena, explicó que en el segundo trámite constitucional, la Cámara rechazó en general la iniciativa; sin embargo, la decisión fue revertida en la mixta.
En dicha instancia, se llegó coincidió mayoritariamente en que “el proyecto está bien encaminado al establecer la exigencia para las personas postulantes a fondos públicos en el ámbito de la ciencia y la tecnología -quienes reciben fondos individuales- de cumplir con sus obligaciones de manutención de los niños y de las niñas”.
En el debate parlamentario, los argumentos apuntaron a la necesidad del buen uso de dinero público, la importancia de un profundo cambio cultural y la obligación de los padres a cumplir con sus responsabilidades parentales.
“Pagar una pensión de alimentos es un deber esencial, no es opcional”, señalaron los legisladores.
En la discusión también se recordó que en medio de la tramitación del proyecto en la Cámara Baja, la directora de la ANID, Alejandra Pizarro, señaló que durante 2024 y con la ley vigente, se identificaron seis casos de deudores.
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