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“Fiscalía le baja el perfil a la denuncia de mi hermana, porque ella la realiza después de un mes”, “dijeron que yo me estaba riendo”, “sólo cuestionó el vínculo que tenía con mi agresor”, “me reclaman que me calme, que no llore, que resuma” y “la jueza me cuestionó por mi profesión diciendo que yo debería haber sabido los efectos de consumir alcohol”.
Esos son algunos de los relatos que presentó Sacar la Voz, agrupación que reúne mujeres víctimas de abuso sexual y que han vivido una nueva victimización al momento de buscar ayuda y denunciar.
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Desde la organización dicen que el sistema judicial no está preparado para contener a las mujeres y que es necesario generar cambios urgentes. Por eso, este lunes se presentaron sus propuestas en la comisión de Seguridad Ciudadana, donde se discute el proyecto de ley “Justicia para Antonia”.
“Convocamos a mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia sexual o no hayan denunciado el delito. Sacar la Voz nace de una víctima que abuso sexual que tras un proceso judicial paupérrimo decide redirigir la funa a su agresor hacia el sistema patriarcal actual”, indica Génesis, una de las integrantes de la organización.
Las propuestas
Tras recopilar la experiencia de más de un centenar de mujeres, aseguran que es necesario, en primera instancia, ampliar de cinco a 10 años el plazo de prescripción del delito de abuso sexual. Esto debido al daño sicológico profundo que provoca la situación y la demora que muchas tienen para hablar del episodio.
También proponen que las entrevistas a las víctimas sean grabadas para no profundizar en las secuelas y el daño sicológico de revivir el momento, que se tipifique la incitación al suicidio y el hostigamiento que puede sufrir una víctima, y la formación de una “academia judicial” que incluya la perspectiva de género para estos funcionarios.
“La violencia de género tiene raíces estructuras y esas raíces tienen que ver con los estereotipos de género, y están presentes desde muy temprana edad porque integran nuestra cultura en general”, indica Vivian González, también integrante de Sacar la Voz y quien hace algunos meses denunció un abuso sexual al interior de un recinto de salud privado.
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Vivian enfatiza en todo el proceso y no sólo lo que se da al momento de judicializar un evento. Sostiene que “hay falta de perspectiva de género en la carrera judicial, pero en todos los funcionarios públicos y no sólo en los jueces. Se ve también a nivel de carabineros, PDI, en los funcionarios de los hospitales”, lo que a su juicio permitiría integrar a todas las mujeres que prefieren no denunciar por falta de confianza en el sistema. “Nos parece que estamos llegando tarde”, señala.
Las otras propuestas se enmarcan en establecer un procedimiento de acompañamiento y orientación a las víctimas y sus familias, de manera previa a una persecución penal; e impedir que se utilice la atenuante “reparación del mal causado” en delitos sexuales.
Valentina Díaz, integrante de la agrupación, profundiza en cómo el sistema aleja a las víctimas: “De acuerdo al Ministerio Público, en 2019 existieron 32.510 causas de delitos sexuales, de las cuales el 55,4% son causas archivadas. O sea, la mitad. El 5,1% no se investiga o están en decisión de no perseverar, y sólo el 7,7% llega a una condena”.
“¿El Estado ha cumplido con las obligaciones que asumió libre y responsablemente? ¿Podría provocar responsabilidad internacional frente a estas preocupantes cifras?”, se pregunta en la comisión Díaz, haciendo referencia a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, tratado ratificado por Chile en 1996.
El diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien participó de la comisión como presidente subrogante, solicitó más información acerca de cómo han avanzado Estados Unidos, Australia y Canadá en el desarrollo de entrevistas grabadas a las víctimas de violencia sexual. Con esto se espera abordar uno de los puntos propuestos por Sacar la Voz, en la próxima sesión.
“Los parlamentarios de esta comisión tenemos la disposición de hacer el mejor proyecto de ley, que realmente funcione y proteja a las víctimas de estos delitos”, indicó.
“Es un problema de salud pública”
La presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico, Francisca Crispi, también participó de la instancia abordando los problemas de salud generados de un episodio de violencia sexual. Según la experta, los efectos son a corto, mediano y largo plazo, y también en niveles físico y sicológico.
“Es importante que la violencia de género se aborde también como un problema de salud pública. Hemos visto como ésta provoca un efecto de nuestras pacientes que es inmensurable, es de por vida, y que tiene que ser abordado desde esa perspectiva”, sostuvo.
Si bien hay consecuencias físicas en las que se basan los peritajes iniciales tras un abuso, para Crispi, la mayor complicación está en términos de la salud mental: “Las víctimas de violencia sexual tienen una prevalencia mucho mayor de depresión, de trastornos ansiosos, de estrés post traumático, de despersonalización, abuso de sustancias y autolesiones o suicidio”.
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Todas las falencias del sistema, según la experta, generan una victimización secundaria que afecta tanto o más que el mismo episodio de violencia ya que profundiza los efectos sicológicos. De allí la importancia de poder contribuir con espacios de contención.
“El proceso no tiene a la víctima como protagonista, en el sentido de que la protejamos, sino que es tratada como un testigo más del proceso, que no tiene derechos. Es señalada y culpada. En la reparación es fundamental que la víctima recupere el poder de decisión. El poder denunciar al agresor aunque sea años después. Hay ahí una recuperación del poder, tengo la capacidad de denunciar, la capacidad de buscar justicia. Esto es importante para muchas víctimas”, concluyó.
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