Los principales gremios del sector minero manifestaron su preocupación luego del fallo del Segundo Tribunal Ambiental, que determinó revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y retrotraer de manera parcial la evaluación del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
La iniciativa -que contempla una inversión de US$ 3.200 millones y busca extender la operación de la faena por dos décadas- ya cuenta con su planta desaladora prácticamente construida.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, advirtió sobre el impacto de la resolución judicial en la estabilidad del sistema de permisos chileno.
En declaraciones recogidas por Diario Financiero, el representante de las grandes mineras —entre cuyas asociadas figuran Anglo American y Glencore, controladoras de Collahuasi— señaló que el dictamen afecta a una iniciativa respaldada técnicamente hace un lustro y con recursos ya ejecutados.
“Vemos con preocupación el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, no solo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile”, afirmó Villarino.
Villarino además sostuvo que “estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$ 3.200 millones invertidos y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria”. A su juicio, el escenario reabre las complejidades asociadas a la tramitación de proyectos estratégicos.
En una línea similar se pronunció la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Su presidente, Jorge Riesco, reparó en el mensaje que esta determinación envía a los inversionistas de gran escala. “Hoy vemos cómo una iniciativa que fue aprobada por las instancias técnicas hace cinco años, que ya suma inversiones por sobre los US$3.200 millones y que está prácticamente terminada, vuelve a quedar expuesta a incertidumbres regulatorias”, reparó el dirigente.
El timonel del organismo gremial contrapuso la resolución judicial con la agenda de la administración gubernamental actual, orientada a agilizar los procesos de autorización en el sector. Con respecto a los esfuerzos del Ejecutivo por destrabar capitales, el titular de la cartera gremial concluyó que “resulta difícil compatibilizar el llamado transversal a impulsar el crecimiento económico y destrabar inversiones con decisiones que vuelven a poner en duda permisos ya otorgados por el propio Estado”.
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