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El Juzgado de Garantía de Iquique decretó prisión preventiva para los cuatro sujetos que agredieron a dos funcionarios de Carabineros en el sector de Cavancha de la capital regional.

Los policías fueron atacados por un grupo de sujetos de nacionalidad extranjera en medio de un procedimiento de fiscalización. Ambas víctimas fueron golpeadas con una manopla.

Tras lo ocurrido, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, tomó contacto con los funcionarios y les ofreció la asesoría jurídica de Carabineros para que puedan querellarse contra los agresores, consignó Radio Bío-Bío, asegurándoles que “no puede salir gratis pegarle a un carabinero”.

Según el medio citado, Yáñez también respondió consultas y llamados sobre el tema de personeros políticos que asumirán como autoridades a partir del 11 de marzo.

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¿Qué dijo el juez?

Durante la audiencia de formalización, el juez Vicente Muratori sostuvo que, tras revisar registros de lo ocurrido, “pudimos ver la violencia con que un carabinero es golpeado con un elemento metálico”.

El magistrado también afirmó que “todos los involucrados actuaron de forma concertada en el momento. Todos sabían que en el bolso había droga, todos querían evitar la incautación de ese bolso. De manera espontánea se ponen de acuerdo para evitar la detención; en ese contexto, rodean a carabineros. Todos se conciertan para evitar la detención y la incautación de la droga”.

En ese sentido, Muratori dijo que “la participación de cada uno de ellos está acreditada” en el hecho.

El juez estimó que la forma de comisión del delito por “haber actuado en grupo pandilla, el ser imputados por más de un delito (…) causa una inseguridad tremenda en la sociedad. Estas acciones causan mucho daño a la sensación de seguridad de las personas”.

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Los ciudadanos de Tarapacá tienen miedo de caminar por ese mismo lugar donde (los sujetos) fueron detenidos”, agregó.

Es así como el magistrado decretó la medida cautelar de prisión preventiva, por considerar que los acusados constituyen un “peligro para la sociedad” y estableció un plazo de investigación de 90 días.

Finalmente, el juez reiteró que tras revisar los registros “vemos la violencia con que actúan ellos. No tienen miedo ni respeto por nada“.

Gobierno pide acelerar el proceso de expulsión

Previo al desarrollo de la audiencia, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, informó que dispuso al delegado presidencial “que acelere todos los trámites para poder tener el decreto de expulsión”.

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