Este lunes se reveló que la transmisión de la “Operación Cancerbero” del Gobierno habría implicado un gasto de más de $18 millones para la Presidencia de la República.
El operativo, realizado en el mes de agosto, contempló el traslado de 1.500 reos de alta peligrosidad hasta la cárcel de máxima seguridad La Laguna, ubicada en la comuna de Talca. Su transmisión, de acuerdo con Radio Biobío, significó un costo total de $18.549.720.
La cifra se dio a conocer a través de una solicitud de acceso a la información pública, la cual detalla los recursos invertidos en la cobertura del procedimiento. Según precisó la entidad, la transmisión del operativo se gestionó mediante una licitación pública.
¿Quién es la empresa a cargo de la producción en Presidencia?
De acuerdo con el medio antes citado, la empresa que se adjudicó la licitación pública para los servicios de producción general de la Presidencia es La Oreja Lab SpA, la cual comenzó a prestar dichos servicios en junio de 2025, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Posteriormente, el 25 de junio de 2026 —a cuatro meses de que el presidente José Antonio Kast asumiera en el Palacio de La Moneda—, la empresa acordó con Presidencia una modificación del contrato original, aumentando en un 30% (7.800 UF adicionales con IVA) las prestaciones pactadas. Con este ajuste, el monto total del contrato subió de 26.000 a 33.800 UF, manteniendo su vigencia de 15 meses.
El acta administrativa de la modificación estipuló que el incremento tenía como propósito asegurar la operatividad del servicio mientras finalizaba el nuevo proceso de licitación.
Cabe aclarar que el monto antes señalado es independiente de los más de $18 millones que se habrían pagado para la transmisión de la “Operación Cancerbero”, dado que el ajuste del contrato se refiere a los servicios generales de la productora y no al operativo de traslado de reclusos a la cárcel de Talca.
Asimismo, al consultar a Presidencia sobre el costo total del operativo, la institución derivó la solicitud a la Subsecretaría de Seguridad Pública, señalando que no asumió la totalidad de los gastos correspondientes a la operación.
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