La noche del domingo 25 de enero, Carabineros detuvo a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en su domicilio de Las Condes, por orden del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
La exmagistrada quedó a la espera del control de detención y de una formalización fijada para este lunes 26, en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa” o “trama bielorrusa”.
La clave: una querella de capítulos que abrió el camino
El punto de inflexión ocurrió el viernes 23 de enero, cuando la Corte Suprema declaró admisible la querella de capítulos presentada en contra de Vivanco.
Ese tipo de acción apunta a determinar si existen antecedentes suficientes para perseguir penalmente a jueces y fiscales por hechos asociados al ejercicio de sus funciones, y su admisibilidad habilita a la Fiscalía para avanzar en actuaciones como la formalización ante el tribunal competente.
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En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que los antecedentes expuestos resultaron plausibles para dar seriedad y verosimilitud a la imputación, aunque precisó que la instancia no fija hechos ni responsabilidades, cuestión que debe resolverse en el procedimiento penal.
Qué investiga Fiscalía y por qué se ordenó la detención
La Fiscalía atribuye a Vivanco eventuales delitos de cohecho y lavado de activos. La indagatoria se vincula con el litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, conflicto que llegó a tribunales superiores tras actuaciones judiciales previas en la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Según la tesis investigativa difundida por medios y antecedentes del caso, la sospecha central apunta a eventuales pagos o beneficios asociados a resoluciones favorables a la empresa, además de movimientos de dinero que la Fiscalía considera relevantes para una hipótesis de lavado.
La defensa de Vivanco ha rechazado los delitos y ha sostenido que existen explicaciones lícitas para su situación patrimonial.
¿Qué sigue para Ángela Vivanco?
Este lunes la exministra debe comparecer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para el control de detención y la formalización.
En esa audiencia, la Fiscalía puede solicitar medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, aunque la decisión queda en manos del tribunal tras escuchar a los intervinientes.
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