Durante su discurso en la Cuenta Pública 2021, el presidente Sebastián Piñera hizo referencia al conflicto territorial y armado registrado principalmente en la Región de La Araucanía, a raíz de las demandas del pueblo mapuche que han generado “desencuentros”, según dijo, con el Estado.
Por eso, destacó que con el fin de acercar posiciones y conseguir soluciones, al inicio de su gobierno se propuso un Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, además de concretar avances en el Plan Impulso Araucanía mediante el aumento de la inversión pública y privada, con 10 nuevos hospitales, 21 nuevos Centros de Salud Familiar y 23 nuevos Liceos Bicentenarios.
Sin embargo, reconoció que “no hemos logrado avanzar como debimos en el diálogo y en el control de la violencia, narcotráfico y terrorismo en la zona”. Incluso, enfatizó en que “solo podremos avanzar si reconocemos que no hay dilema ni contradicción alguna entre reconocer la deuda con nuestros pueblos indígenas, y el compromiso de proteger a los ciudadanos de la violencia, el temor y el terrorismo”.
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Pero afirmó que “ninguna demanda, por legítima que sea, puede basarse en la violencia y el terror”.
A raíz de lo anterior, comprometió un refuerzo al Plan Impulso Araucanía para la mejor en la conectividad digital mediante la implementación de la red 5G, despliegue de la Fibra Óptica Nacional en 24 comunas de la región y siete comunas de la provincia de Arauco.
Se sumará la ampliación del tren Victoria-Temuco hasta Padre las Casas, junto con la incorporación de buses eléctricos al transporte público y un Plan Especial de infraestructura, agua potable y caminos.
El jefe de Estado destacó, entre otras cosas, que durante los últimos tres años de su gestión “hemos incorporado cerca de 300 educadores tradicionales de la lengua y cultura mapuche, presentamos un Proyecto de Ley para decretar feriado el día nacional de los pueblos indígenas, y contamos con 17 representantes de los pueblos originarios en la Convención Constituyente”.
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Pero indicó que ninguna de estas políticas públicas implementadas podrán avanzar si es que no existe un “compromiso contra la violencia y a favor de la paz, el orden público y el Estado de Derecho”.
Por tanto, hizo un llamado a aprobar proyectos en el Congreso como ley Juan Barrios, y las leyes contra el robo de madera y usurpación de tierras.
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