Durante la tarde de este viernes, el presidente Sebastián Piñera puso fin a la espera y promulgó la reforma constitucional que permite el retiro parcial de los fondos previsionales.
Mediante un comunicado de prensa, desde La Moneda se informó que se realizó el procedimiento de promulgación del proyecto conocido como del 10% de las AFP, en un acto privado al que asistieron algunas autoridades de gobierno, pero al que la prensa no tuvo acceso.
Según indicaron desde el Ejecutivo, el mandatario “promulgó esta tarde, junto a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de la Secretaría General de la Presidencia, Claudio Alvarado; y del Trabajo (s), Fernando Arab, la Reforma Constitucional que permite el Retiro Excepcional de los Fondos Acumulados de Capitalización Individual”.
De esta manera, “la Secretaría General de la Presidencia continuará el procedimiento administrativo correspondiente y lo ingresará a la Contraloría General de la República, el día lunes a primera hora, para su toma de razón“.
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Una vez se realice la acción por parte de la Contraloría, la reforma constitucional será publicada en el Diario Oficial, momento desde el cual las personas afiliadas podrán realizar la solicitud a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones.
Cabe recordar que la iniciativa parlamentaria tuvo un expedito, pero tenso paso por el Congreso, que generó roces en el oficialismo, ya que para ser aprobada se necesitaban los votos de diputados de Chile Vamos.
Tras un intenso debate en la Cámara (15 de julio), el proyecto fue aprobado por 95 diputadas y diputados, luego pasó al Senado (22 de julio), donde fue ratificado por 29 votos, y finalmente, tras la inclusión de indicaciones, retornó a la Cámara Baja (23 de julio), donde fue despachado por 116 votos a favor.
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Cabe recordar que el debate estuvo marcado por los votos de los parlamentarios de Chile Vamos, ya que eran necesarios para la aprobación de esta reforma. Esto generó una gran tensión al interior de la coalición y del oficialismo con La Moneda, ya que su sector le propinó un duro golpe a la administración.
Durante la tramitación en el Congreso, desde el Ejecutivo se plantearon diversas alternativas ante el inminente triunfo del proyecto: emitir un veto presidencial o llevarlo al Tribunal Constitucional. Finalmente ambas opciones fueron desechadas y se terminó promulgando esta jornada.
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