Agrupaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura se reunieron este jueves frente a la sede del Servicio Médico Legal (SML) en Concepción para exigir la salida de Jacqueline van Rysselberghe, psiquiatra del organismo, y del director regional, Jaime Téllez.
La protesta se originó por el peritaje realizado por la exsenadora, que declara la enajenación mental de José Otárola, un condenado por su participación directa en la matanza de Laja-San Rosendo, Región del Biobío, durante septiembre de 1973.
El crimen le quitó la vida a 19 extrabajadores de EFE y agricultores, quienes fueron ejecutados por la policía tras el golpe de Estado.
El informe de van Rysselberghe podría permitir a Otárola, de 82 años, salir del penal El Manzano en Concepción y cumplir la pena de 15 años de cárcel impuesta en su hogar.
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Rechazo y desconfianza con Téllez
La reunión programada con el director regional, Jaime Téllez, no se llevó a cabo debido a la desconfianza de los familiares de las víctimas, quienes acusan a Téllez de haber mentido al asegurar que Van Rysselberghe no intervendría en causas de derechos humanos.
Juana Vidal, coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, solicitó al Ministerio de Justicia la destitución tanto de Téllez como de Van Rysselberghe. Además, demandan la nulidad del peritaje a José Otárola, consignó Radio Biobío.
El abogado Patricio Robles enfatizó que permitir a Otárola cumplir su condena en casa generaría una situación de “impunidad inaceptable para las víctimas”.
Procedimientos legales en curso
Actualmente, al menos dos solicitudes para desestimar el peritaje de Van Rysselberghe han llegado a la Corte de Apelaciones.
Se espera que la próxima semana el ministro Carlos Aldana decida si acoge o rechaza estas solicitudes.
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