Desde hace más de una década, el Estado financia investigaciones destinadas a estudiar qué tan plural es el sistema de medios de comunicación en Chile; quiénes son sus propietarios, qué contenidos circulan, cómo se informan las personas y, más recientemente, fenómenos como la desinformación y el impacto de las plataformas digitales.
Para ello existe el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional. Su funcionamiento se basa en un acuerdo entre la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID): Segegob aporta los recursos y ANID organiza el concurso público que permite seleccionar las investigaciones que reciben financiamiento.
Ese mecanismo, vigente desde 2009 —primero con Conicyt y posteriormente con ANID—, ahora llegará a su fin.
La Subsecretaría General de Gobierno decidió terminar el convenio y no financiar la convocatoria correspondiente a 2026, por lo que este año no se abrirá un nuevo concurso ni se adjudicarán proyectos a través de este mecanismo.
La decisión consta en un oficio del 31 de julio al que accedió CNN Chile, firmado por el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y enviado a la directora de ANID, Alejandra Pizarro.
En el documento, Segegob explica que la medida responde a las instrucciones de ajuste fiscal impartidas por el Ministerio de Hacienda. Tras revisar sus compromisos presupuestarios, la subsecretaría determinó que este año no podrá realizar el aporte anual ni financiar el fondo y su concurso.
Además, notificó formalmente el término unilateral del convenio. Durante el período previo a su cierre tampoco podrán adjudicarse nuevos proyectos, mientras que aquellos financiados en convocatorias anteriores deberán completar su ejecución y rendición.
¿Dónde está el problema?
Hasta ahí, la decisión podría parecer simplemente un recorte presupuestario. Sin embargo, existe un elemento que vuelve el caso más complejo: estos estudios están expresamente contemplados en la Ley de Prensa.
El artículo 4 de la Ley 19.733 establece que la Ley de Presupuestos debe contemplar cada año recursos para realizar estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional y que estos deben entregarse mediante concurso público.
Desde 2009, el convenio entre Segegob y la institucionalidad científica del Estado ha sido la fórmula utilizada para ejecutar esa obligación.
Por eso, el término del acuerdo no significa necesariamente, por sí solo, que el Gobierno esté incumpliendo la ley. La interrogante que queda abierta es cómo se financiarán durante 2026 los estudios que la legislación contempla si el propio oficio descarta la realización del concurso a través de ANID.
En conversación con CNN Chile, el presidente de la Asociación Gremial Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), Laureano Checa, señaló que hasta ahora tampoco existe claridad dentro de la comunidad académica respecto de lo que ocurrirá con el fondo.
“En este minuto no hay mucha claridad respecto a saber si se acabó este convenio y se van a ejecutar igual estudios bajo este fondo o definitivamente se acabó”, afirmó.
Checa explicó que la participación de ANID no se limita a administrar los recursos. A su juicio, también permite que los proyectos pasen por los mecanismos de evaluación habituales de la agencia y que su selección siga criterios académicos.
“El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios”, sostuvo.
Desde INCOM también existen dudas respecto de qué podría reemplazar al actual sistema.
“El hecho de que terminen con el acuerdo con ANID, ¿va a significar qué? ¿Asignación directa? Eso la verdad que no está claro”, agregó Checa.
Un fondo que ha cambiado junto con los medios
El Fondo de Estudios sobre el Pluralismo ha financiado principalmente investigaciones en comunicación, aunque también ha incluido trabajos desde áreas como la ciencia política y la economía.
Según explicó Checa, las materias analizadas han cambiado con el propio sistema informativo. Algunos de los primeros estudios abordaron la lectoría y circulación de medios impresos, mientras que en los últimos años comenzaron a aparecer investigaciones sobre desinformación, plataformas digitales, consumo de noticias y cambios en el ecosistema mediático.
Para el presidente de INCOM, el valor del fondo no se limita a la producción académica, ya que sus resultados también terminan incorporados en la formación universitaria y permiten generar evidencia sobre cómo circula la información y qué temas quedan dentro o fuera de la agenda pública.
“Lo que se aprende ahí después se vuelca a formar mejores periodistas”, afirmó.
Checa sostuvo además que, pese a tratarse de un instrumento pequeño frente a otros fondos destinados a investigación, su eventual desaparición tendría un impacto importante para el área.
“Es toda una línea de reflexión que se corta y sin una justificación clara, sin una evaluación clara”, señaló.
Cuestionamientos desde el mundo académico
La decisión también abrió una discusión entre investigadores de las áreas de comunicación y derecho.
En una carta publicada esta semana en Diario Constitucional, María José Labrador, Sebastián Zárate, Pedro Anguita y Claudia Mellado plantearon que el término del mecanismo podría entrar en conflicto con la obligación contenida en la Ley de Prensa.
El argumento de los académicos se centra en la propia redacción del artículo 4, que establece que la Ley de Presupuestos “contemplará, anualmente, recursos” para estos estudios.
A partir de ello, sostienen que se trata de una obligación legal permanente y que una instrucción administrativa de ajuste fiscal no puede, por sí sola, dejarla sin aplicación.
Según su interpretación, si el Ejecutivo considera que estos recursos ya no deben seguir financiándose, el camino institucional sería modificar o derogar la disposición legal, y no suspender el mecanismo a través de una decisión administrativa.
La carta también recuerda el origen del fondo. Durante la tramitación de la Ley de Prensa surgió la discusión sobre cómo promover el pluralismo informativo sin intervenir directamente en la libertad editorial de los medios.
La fórmula que finalmente se adoptó fue financiar investigaciones y entregar la selección de los proyectos a la comunidad científica mediante concursos públicos.
Los firmantes sostienen que, desde entonces, el fondo ha permitido generar evidencia sobre propiedad de medios, consumo informativo, ecosistemas locales, cobertura electoral, desinformación y transformación digital del periodismo.
Según detallan, en promedio se han adjudicado tres o cuatro proyectos por convocatoria y los recursos disponibles han disminuido con los años, hasta no superar los $80 millones en 2025.
Los académicos pidieron que la decisión anunciada no sea ejecutada y plantearon que, en caso contrario, la Contraloría General de la República debería pronunciarse sobre la juridicidad de suspender el mecanismo a partir de una instrucción administrativa.
“El pluralismo informativo no es un beneficio para los investigadores, sino un componente esencial de una política pública democrática”, señalaron.
CNN Chile consultó a Segegob por las razones de la decisión, el futuro del fondo, el destino de los recursos correspondientes a 2026 y la forma en que dará cumplimiento a lo establecido en la Ley de Prensa.
Hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta.
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