Segegob pone fin a convenio para estudios sobre pluralismo de medios y abre debate entre académicos sobre incumplimiento de la Ley de Prensa

Desde hace más de una década, el Estado financia investigaciones destinadas a estudiar qué tan plural es el sistema de medios de comunicación en Chile: quiénes son sus propietarios, qué contenidos circulan, cómo se informan las personas y, más recientemente, fenómenos como la desinformación y el impacto de las plataformas digitales.

Para ello existe el Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, cuyas investigaciones son seleccionadas mediante un concurso público administrado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Sin embargo, el Concurso de Estudios sobre Pluralismo 2026 continúa figurando como vigente en el calendario concursal publicado por ANID.

Desde 2009, una parte de este mecanismo se ha sostenido a través de un convenio entre la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob) y la institucionalidad científica del Estado —primero Conicyt y posteriormente ANID—, mediante el cual Segegob realiza un aporte para financiar estos estudios.

Ese acuerdo ahora llegará a su fin.

Un oficio del 31 de julio al que accedió CNN Chile informa que Segegob decidió no realizar su aporte correspondiente a 2026 y poner término al convenio con ANID.

El documento, firmado por el subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y enviado a la directora de ANID, Alejandra Pizarro, señala que la medida responde a las instrucciones de ajuste fiscal impartidas por el Ministerio de Hacienda.

En el oficio, Segegob señala que no podrá concurrir al aporte anual ni financiar el fondo y el concurso con cargo a ese acuerdo, y notifica formalmente el término unilateral del convenio.

De esta forma, el término del convenio implica la salida del aporte realizado por Segegob bajo ese acuerdo, pero el concurso continúa contemplado públicamente por la agencia.

Qué cambia con la salida de Segegob

La distinción es relevante porque el oficio abrió dudas respecto del futuro del instrumento y de su relación con la Ley 19.733, conocida como Ley de Prensa.

El artículo 4 de esa norma establece que la Ley de Presupuestos debe contemplar cada año recursos para realizar estudios sobre el pluralismo en el sistema informativo nacional y que estos deben entregarse mediante concurso público.

Desde 2009, el convenio entre Segegob y la institucionalidad científica del Estado ha formado parte del mecanismo utilizado para financiar estas investigaciones.

Por eso, el término del acuerdo no significa necesariamente, por sí solo, que exista un incumplimiento de la ley. La interrogante pasa ahora por qué efecto tendrá la salida de Segegob sobre el financiamiento del fondo y cómo se reemplazará el aporte que hasta ahora realizaba la subsecretaría.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Asociación Gremial Chilena de Investigadoras e Investigadores en Comunicación (INCOM Chile), Laureano Checa, señaló que el oficio generó incertidumbre dentro de la comunidad académica respecto de lo que ocurriría con el instrumento.

“En este minuto no hay mucha claridad respecto a saber si se acabó este convenio y se van a ejecutar igual estudios bajo este fondo o definitivamente se acabó”, afirmó.

Checa explicó además que la participación de ANID no se limita a administrar recursos, sino que permite que los proyectos pasen por los mecanismos habituales de evaluación de la agencia y que su selección siga criterios académicos.

“El financiamiento a través de ANID tiene un propósito y es garantizar la seriedad de estos estudios”, sostuvo.

Desde INCOM también habían surgido dudas respecto de qué podría reemplazar al actual sistema de financiamiento.

“El hecho de que terminen con el acuerdo con ANID, ¿va a significar qué? ¿Asignación directa? Eso la verdad que no está claro”, agregó Checa.

Un fondo que ha cambiado junto con los medios

El Fondo de Estudios sobre el Pluralismo ha financiado principalmente investigaciones en comunicación, aunque también ha incluido trabajos desde áreas como la ciencia política y la economía.

Según explicó Checa, las materias analizadas han cambiado con el propio sistema informativo. Algunos de los primeros estudios abordaron la lectoría y circulación de medios impresos, mientras que en los últimos años comenzaron a aparecer investigaciones sobre desinformación, plataformas digitales, consumo de noticias y cambios en el ecosistema mediático.

Para el presidente de INCOM, el valor del fondo no se limita a la producción académica, ya que sus resultados también terminan incorporados en la formación universitaria y permiten generar evidencia sobre cómo circula la información y qué temas quedan dentro o fuera de la agenda pública.

“Lo que se aprende ahí después se vuelca a formar mejores periodistas”, afirmó.

Checa sostuvo además que, pese a tratarse de un instrumento pequeño frente a otros fondos destinados a investigación, una reducción de sus recursos puede tener un impacto importante para el área.

“Es toda una línea de reflexión que se corta y sin una justificación clara, sin una evaluación clara”, señaló.

Cuestionamientos desde el mundo académico

Pese a que la convocatoria 2026 continúa contemplada en el calendario público de ANID, el oficio también generó cuestionamientos entre investigadores de las áreas de comunicación y derecho.

En una carta publicada esta semana en Diario Constitucional, María José Labrador, Sebastián Zárate, Pedro Anguita y Claudia Mellado plantearon que una eventual suspensión del mecanismo podría entrar en conflicto con la obligación contenida en la Ley de Prensa.

El argumento de los académicos se centra en la propia redacción del artículo 4, que establece que la Ley de Presupuestos “contemplará, anualmente, recursos” para estos estudios.

A partir de ello, sostienen que se trata de una obligación legal permanente y que una instrucción administrativa de ajuste fiscal no puede, por sí sola, dejarla sin aplicación.

Según su interpretación, si el Ejecutivo considera que estos recursos ya no deben seguir financiándose, el camino institucional sería modificar o derogar la disposición legal y no suspender su ejecución mediante una decisión administrativa.

La carta también recuerda el origen del instrumento. Durante la tramitación de la Ley de Prensa surgió la discusión sobre cómo promover el pluralismo informativo sin intervenir directamente en la libertad editorial de los medios.

La fórmula adoptada fue financiar investigaciones y entregar la selección de los proyectos a la comunidad científica mediante concursos públicos.

Los firmantes sostienen que, desde entonces, el fondo ha permitido generar evidencia sobre propiedad de medios, consumo informativo, ecosistemas locales, cobertura electoral, desinformación y transformación digital del periodismo.

Según detallan, en promedio se han adjudicado tres o cuatro proyectos por convocatoria y los recursos disponibles han disminuido con los años, hasta no superar los $80 millones en 2025.

Los académicos pidieron que la decisión anunciada no sea ejecutada y plantearon que, en caso contrario, la Contraloría General de la República debería pronunciarse sobre la juridicidad de suspender el mecanismo a partir de una instrucción administrativa.

“El pluralismo informativo no es un beneficio para los investigadores, sino un componente esencial de una política pública democrática”, señalaron.

Con el concurso aún contemplado en el calendario público de ANID, queda por establecer qué impacto tendrá concretamente el retiro del aporte de Segegob sobre los recursos disponibles para la convocatoria 2026.

CNN Chile consultó a Segegob por las razones del término del convenio, el destino de los recursos correspondientes a 2026 y los efectos de su salida sobre el financiamiento de estos estudios.

Hasta el cierre de esta nota no se había recibido una respuesta.