El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a los reparos expresados por la ministra de Salud, May Chomalí, respecto de la propuesta del Gobierno que busca permitir restricciones a determinadas prestaciones estatales para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo.
En conversación con Radio Infinita, Arrau sostuvo que la titular de Salud “desconoce el proyecto constitucional” y defendió la iniciativa impulsada como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La controversia se abrió luego de que Chomalí fuera consultada por un borrador de la reforma constitucional que contempla limitar el acceso a prestaciones financiadas con recursos públicos en materias como salud, educación, trabajo y seguridad social para determinados condenados.
Los reparos de la ministra Chomalí
La titular del Minsal advirtió que una disposición de esas características podría entrar en conflicto con obligaciones legales que actualmente tiene el Estado en materia sanitaria.
Entre ellas mencionó la Ley de Urgencia, que obliga a los establecimientos a entregar atención inmediata ante situaciones de riesgo vital, con independencia de la condición del paciente. Chomalí también recordó que el derecho a la protección de la salud se encuentra reconocido constitucionalmente.
La ministra señaló además que se trataba de un borrador cuyo contenido no conocía previamente y planteó la necesidad de abordar el tema con las otras carteras involucradas antes de fijar una posición definitiva.
¿Qué plantea la propuesta?
El borrador conocido hasta ahora establece que personas condenadas por delitos asociados al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo podrían quedar inhabilitadas para acceder a determinadas prestaciones financiadas por el Estado durante el cumplimiento de su condena y por un período posterior.
La iniciativa apunta a modificar el marco constitucional para permitir que el legislador establezca restricciones en derechos sociales contemplados en el artículo 19 de la Constitución.
Desde el oficialismo han planteado, sin embargo, que la redacción todavía puede experimentar modificaciones durante la elaboración del proyecto y posteriormente en su tramitación legislativa. Entre los aspectos que podrían precisarse aparecen el alcance de las restricciones y las excepciones para prestaciones consideradas esenciales.
Una de las medidas de la agenda de seguridad del Gobierno
La propuesta forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, paquete con el que el Ejecutivo busca introducir nuevas herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales y delitos terroristas.
Arrau ha señalado que la agenda contempla cerca de una veintena de iniciativas legales, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción constitucional destinado específicamente a situaciones de grave alteración de la seguridad pública asociadas al crimen organizado o terrorismo.
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