La Fiscalía Local de Punta Arenas ordenó la apertura de una investigación penal para indagar presuntas ilegalidades en la adjudicación de un subsidio habitacional que benefició a Susan Liliana Chicuy Godoy, pareja del diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme Ducci.
Dicho beneficio estatal estaba dirigido a las familias más vulnerables de la Región de Magallanes.
Según información de Radio Biobío, la causa penal se inició tras una denuncia presentada a comienzos de este mes por el director subrogante del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Magallanes, Omar González Asenjo, a través de un oficio enviado al Ministerio Público.
Según el documento, los hechos ocurrieron en julio de 2022 e involucran también a la entonces jefa de Operaciones Habitacionales del Serviu Magallanes, Jacqueline Lleucún Uribe. La denuncia apunta que la beneficiaria omitió información socioeconómica en su postulación al proyecto habitacional Estepa Austral I.
El oficio detalla que la mujer no informó “los reales ingresos para efectos de una correcta evaluación en el Registro Social de Hogares y de la postulación misma incidiendo de esta forma en sus resultados”. Esta omisión, que incluyó no registrar al parlamentario dentro del núcleo familiar, la situó en una condición de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”.
El texto del Serviu añade que “de haberse declarado la información de forma fidedigna, no habría podido obtener el subsidio por no estar dentro de la población más vulnerable del país, a la luz de sus ingresos reales y por ser dueño su pareja de uno o más inmuebles, según su declaración de patrimonio”.
La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó que la indagatoria quedó a cargo de la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, quien ya decretó las primeras diligencias para esclarecer la obtención del beneficio.
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