Durante este lunes, la oposición y el Partido de la Gente (PDG) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra algunas disposiciones del proyecto de ley Escuelas Protegidas, aprobado recientemente por el Congreso.
En concreto, el requerimiento impugna cuatro normas específicas que, a juicio de los diputados, vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes garantizados por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por Chile, como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la protección de la vida privada, la libertad personal y el principio de reserva legal para restringir derechos fundamentales. Asimismo, apuntan a eventuales infracciones a la Convención sobre los Derechos del Niño y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre los artículos cuestionados destaca la facultad otorgada a los establecimientos educacionales para revisar mochilas, bolsos y efectos personales de los estudiantes mediante sus reglamentos internos. Los parlamentarios sostienen que la norma no establece “criterios claros de procedencia, tiempo máximo de retención ni garantías mínimas de defensa”.
Además, objetan la disposición que autoriza a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) a registrar vestimentas y pertenencias al interior de los establecimientos sin una orden previa de un fiscal. Según argumentan, esta medida “sería equivalente, en la práctica, a extender el control preventivo de identidad a menores de edad sin los resguardos que el ordenamiento jurídico exige incluso en el caso de los adultos”.
Asimismo, se impugna la obligación de prohibir vestimentas o accesorios que “promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”. A juicio de los requirentes, la amplitud e indeterminación de esta disposición “abriría espacio a restricciones arbitrarias sobre la libertad de expresión, la libertad de conciencia y el derecho de reunión de los estudiantes”.
Finalmente, se cuestiona la inhabilidad de cinco años para acceder o mantener el beneficio de gratuidad en la educación superior aplicable a personas condenadas por determinados delitos. Según los parlamentarios, la medida constituiría una doble sanción y generaría una discriminación socioeconómica, ya que afectaría únicamente a quienes no pueden costear sus estudios, vulnerando el derecho a la educación.
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