Parlamentarios de oposición acudieron este martes a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento por la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a un requerimiento de la Defensoría de la Niñez sobre los decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La presentación pide al organismo que determine eventuales responsabilidades administrativas, instruya los procedimientos disciplinarios que correspondan y requiera al Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, la entrega de los antecedentes solicitados.
El requerimiento apunta a 56 decretos de reducción de condena dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, según los antecedentes incluidos por los parlamentarios en el documento.
Plazo solicitado por la Defensoría venció el 29 de octubre
La Defensoría de la Niñez envió el pasado 22 de octubre un oficio al Ministerio de Justicia en el que solicitó información sobre beneficios de reducción de condena concedidos o solicitados por personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Entre los antecedentes requeridos figuraban una base de datos anonimizada de los casos, las fechas de los decretos o resoluciones y los protocolos o criterios utilizados por Justicia para considerar el interés superior de niños y adolescentes.
La institución fijó un plazo de cinco días para responder. Según señala la presentación de la oposición, este venció el 29 de octubre y, al momento de ingresar el requerimiento ante Contraloría, a los firmantes no les constaba que el Ministerio hubiera entregado la información.
La oposición solicitó ahora que Contraloría fije un nuevo plazo —que propone no supere los cinco días hábiles— para que Justicia responda íntegramente y entregue copia de los decretos, con el debido resguardo de la identidad de las víctimas.
El escrito solicita además que Contraloría ordene un sumario administrativo o instruya al propio Ministerio de Justicia a realizarlo, con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades de funcionarios y jefaturas que hayan intervenido en la falta de respuesta.
El presidente del PPD, Raúl Soto, acusó al Ejecutivo de mantener una política de opacidad y cuestionó que la Defensoría de la Niñez no haya recibido todos los antecedentes solicitados.
“¿Por qué el Gobierno se sigue negando a transparentar y entregar toda la información? ¿A quién protegen? ¿Qué ocultan?”, señaló.
Por su parte, la jefa de bancada del PPD-Independientes, Andrea Parra, afirmó que el plazo otorgado por la Defensoría ya se cumplió y sostuvo que el ministro de Justicia tiene la obligación de responder a las solicitudes formuladas por organismos públicos.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider señaló que la oposición insistirá en la entrega de la información y pidió al Ejecutivo presentar una fórmula para abordar las consecuencias de las rebajas.
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