Parlamentarios de la oposición cuestionaron este martes en el Senado al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por la omisión de los recursos contemplados para el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) dentro de la partida presupuestaria de 2027.
De acuerdo con los parlamentarios de la oposición, la Superintendencia de Pensiones y la Contraloría General de la República (CGR), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado en la reforma de pensiones, debería contemplar recursos por alrededor de US$ 160 millones para 2027.
No obstante, desde el Ministerio de Hacienda tienen una interpretación distinta, ya que argumentan que el primer aporte corresponde al año 2028.
Ante ello, durante el debate en la sala de la Cámara Alta, el senador Daniel Núñez (PC) advirtió que, si no se disponen los recursos para el FAPP, se podría presentar una acusación constitucional en contra de Quiroz por no cumplir con la obligación legal.
“Exigimos que se responda a esto, porque (…) cuando un ministro incumple la ley, genera entonces una causal de acusación constitucional ¿Nos quieren llevar a eso? Yo no voy a aceptar que hoy día, que ya estamos hasta la coronilla de los abusos de la AFP, más encima se dejen de pagar los compromisos que el Estado tiene en materia de pensiones”, criticó.
En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) se sumó al planteamiento de Núñez: “Cuando el presidente Kast estaba en campaña, aseguró que la reforma de pensiones seguiría su curso y que hoy el ministro Quiroz está proponiendo violar la ley. Eso abre la puerta a una acusación constitucional“, afirmó.
Por su parte, la senadora Daniella Cicardini (PS) manifestó que le parece “gravísimo” e “insólito” el hecho. Asimismo, calificó de “mañosa” la interpretación del Gobierno.
“Permítame sospechar la mañosa interpretación de este gobierno, del ministro Quiroz, de no tener estos recursos en el FAPP, porque son los mismos que se negaron a la reforma de pensiones por una mirada ideológica, pues, y se negaron con garras y dientes. (…) Entonces, cuando acá el ministro Quiroz señala que ahora le va a preguntar a la superintendencia, o sea, el pronunciamiento de la contraloría, ¿por dónde se lo está pasando?“, cuestionó.
“Es tan grave que nosotros no se lo podemos dejar pasar, porque además está contraviniendo la obligación legal. Esto incluso puede terminar en una acusación constitucional”, añadió.
Ante las críticas, Quiroz respaldó la decisión de su cartera y argumentó que, para el Gobierno, la controversia sobre los plazos aún no está resuelta.
“¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Que nosotros, hasta la fecha, aún después del dictamen de la Contraloría, no consideramos aclarado el punto, porque la Contraloría se remite a un oficio de la Superintendencia de Pensiones, oficio que a nosotros nos merece dudas, y dado que nos remite a dicho oficio, nosotros hemos enviado un oficio a la Superintendencia de Pensiones para aclarar el punto”, aclaró.
Así las cosas, aseguró que “tan pronto sea aclarado, tenga seguridad, por su intermedio, presidenta, señores senadores, que este ministro siempre ha cumplido la ley… y esos recursos van a estar garantizados”.
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