La Contraloría General de la República detectó a 315 funcionarios y servidores públicos que trabajan en la administración del Estado pese a tener condenas por crimen o simple delito. La ley prohíbe expresamente que una persona en esa situación siga ejerciendo un cargo público.
Así lo advirtió el organismo en su Consolidado de Información Circularizada (CIC) n.º 29, publicado este martes. Según la Contraloría, estos casos incumplen la prohibición establecida en el artículo 54, letra c), de la Ley N.º 18.575.
El análisis cruzó las bases de datos del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCEI), del Servicio Electoral (Servel) y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper).
El cruce de la institución identificó a “315 personas asociadas a 317 registros de condena: dos de los funcionarios tienen más de una. Del total, 149 se desempeñan en gobiernos locales y 166 en el gobierno central”.
En cuanto a la gravedad, “73 de las condenas corresponden a crímenes y 244 a simples delitos”, según demostró el informe.
La institución con más funcionarios condenados es “Carabineros de Chile, con 84 casos. Le sigue el Ejército, con 22; la Armada, con 8; la Municipalidad de Valdivia, con 6, y la fuerza Aperea, con 5″.
La Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas por la posible omisión de informar la condena a la jefatura del servicio.
Los organismos también deberán informar si esas condenas fueron evaluadas y ponderadas oportunamente en los procesos de calificaciones, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
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