"Nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años", expresó el abogado querellante, Nelson Caucoto.
Una polémica sentencia dictó la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de la Operación Colombo, proceso en que se investigaron los secuestros calificados de 16 militantes de izquierda, mayoritariamente del MIR, quienes fueron ejecutados por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ocurridos entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975 durante la dictadura militar.
Tal fallo fue pronunciado por los ministros Juan Cristóbal Mera, Mireya López y el abogado integrante Jaime Guerrero, quien revocó y modificó la sentencia de primera instancia dictada por el magistrado en visita, Hernán Cristoto Greisse.
De esta manera, se absolvió a 30 agentes de la DINA que estaban condenados como cómplices y, además, otros 31 agentes condenados como autores fueron absueltos.
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Además, el tribunal de alzada condenó a 42 agentes, pero ninguno de ellos cumplirá cárcel, puesto que todos fueron beneficiados con libertad vigilada o remisión condicional de la pena.
Entre ellos se encuentran los agentes César Manríquez, Pedro Espinoza, Miguel Krasnoff y Raúl Iturriaga Neumann, todos ellos condenados en primera instancia a 20 años de presidio, por lo que tras el fallo cumplirán solo 4 años de presidio con libertad vigilada.
Para el abogado querellante, Nelson Caucoto, “nos resulta inaceptable un fallo de esta naturaleza, que afecta tan directamente a los familiares de las víctimas, que han confiado ciegamente en la acción de la justicia durante 45 años, para que finalmente esa profunda y anhelada aspiración se esfume de golpe con un fallo como éste”.
Ante la sobrecarga laboral en el Ministerio Público, donde, por ejemplo, han aumentado las causas por crimen organizado, a la fiscal Patricia Ibarra comentó en CNN Chile Radio que la proyección actual supera a la que se había establecido en la reforma procesal penal de hace 20 años.
