Oficialismo se divide por ubicación de nueva cárcel de Alta Seguridad en Santiago: “No convence hasta ahora”

El oficialismo se ha dividido tras el anuncio que reveló que la nueva cárcel de Alta Seguridad anunciada por el Gobierno va a estar ubicada en la comuna de Santiago.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó este lunes que el penal se instalará en el cuadrante de Pedro Montt, colindando con el penal Santiago 1.

Ante el anuncio, la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), manifestó su oposición al proyecto, argumentando que la comuna ya alberga el mayor complejo carcelario del país y que se necesita coherencia en las políticas públicas.

Este debate fue abordado en una reunión esta mañana entre el ministro Cordero y parlamentarios de las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Seguridad Ciudadana del Congreso.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, mostró su apoyo a la ubicación en Santiago, señalando que “ese barrio ya tiene toda la infraestructura, se están construyendo instalaciones nuevas del Servicio Médico Legal también en las inmediaciones, está el Centro de Detención Preventiva, por lo tanto, lo lógico es que se utilicen todas esas condiciones para que se establezca este penal de alta peligrosidad”.

El diputado Leonardo Soto (PS) agregó que “es la mejor decisión, desde el punto de vista técnico, ubicar este perímetro de Pedro Montt que ya es un barrio judicial y penitenciario“.

Sin embargo, Soto también reconoció la natural resistencia de los alcaldes a tener cárceles en sus comunas.

“Los 345 alcaldes yo creo que estarían en contra de que se instale en su comuna, en sus barrios, alguna cárcel y yo encuentro natural la resistencia que ella tiene (Hassler), pero si fuera por los mismos alcaldes que tuvieran la decisión final, obligatoria en estos casos, le aseguro que en Chile no habría ninguna cárcel”, dijo.

La diputada del FA, Javiera Morales, en tanto, consideró legítima la oposición de la alcaldesa Hassler y destacó la necesidad de medidas de mitigación para cualquier comunidad afectada por la instalación de una cárcel de máxima seguridad.

Por su parte, la diputada Alejandra Placencia (PC) subrayó que la reforma al sistema de máxima seguridad “es una necesidad del país”, pero advirtió que “no convence hasta ahora esa posibilidad desde el punto de vista que es un sector saturado”.

Placencia también hizo un llamado a buscar soluciones que equilibren la tranquilidad y seguridad del barrio afectado. Además, resaltó la necesidad de medidas de mitigación para las poblaciones aledañas a la cárcel, incluso si la instalación del nuevo penal no se concretara en ese sector.

“Estamos disponibles a buscar caminos que nos permitan llegar a buenos entendimientos y compatibilizar aquello que signifique hoy día la tranquilidad, la seguridad, la recuperación del barrio”, puntualizó.