Este viernes se registró un enfrentamiento entre Carabineros y desconocidos en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía, que terminó con la vida de Pablo Marchant, comunero mapuche y militante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).
Ante esto, la candidata presidencial Paula Narváez, junto a los diputados Marcelo Schilling (PS), Raúl Soto (PPD) y Natalia Castillo (NT y PL), y los senadores José Miguel Insulza (PS) y Guido Girardi (PPD), lamentó “la violencia que vive La Araucanía, que llevaron a la muerte del joven Pablo Marchant Gutiérrez y a las heridas de un trabajador”.
A través de una declaración, exigieron “un esclarecimiento pleno de las circunstancias que llevaron a este hecho por medio de una investigación rápida, profunda y transparente, que debe contar con un fiscal exclusivo”.
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“El Estado y el Gobierno de Chile deben dar una respuesta clara y concreta a la justa demanda de restitución de tierras de las comunidades mapuche, sólo así se podrán sentar las bases para la concreción de un diálogo que conduzca a la paz”, afirmaron.
Además, aseguraron que llevarán antecedentes del caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y emplazaron a la Fiscalía Nacional y a Carabineros de Chile a “señalar quiénes difundieron la información falsa sobre la muerte de Ernesto Llaitul”.
Críticas al gobierno
La candidata presidencial, junto a las bancadas, también señalaron que no aceptarán “montajes” y exigen “verdad absoluta” en el caso. “Solicitamos que el Gobierno acelere el proyecto de ley anti-montajes, recientemente ingresado al Parlamento”, plantearon.
“Constatamos que este gobierno fracasó en su estrategia en La Araucanía, no ha sido capaz de promover la paz, la convivencia ni el Estado de Derecho. Por eso, llamamos al Ejecutivo a terminar de manera inmediata con la militarización en el Wallmapu y perseverar en una solución política y de diálogo para el territorio”, manifestaron.
Finalmente, manifestaron su “apoyo a la demanda histórica de verdad y nuevo trato, de reconocimiento de sus derechos y de una justicia reparativa en el marco de un Estado plurinacional”.
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